Stafford, United Kingdom - December 12 2020: Mastercard Credit Card placed on top of PornHub web site logo on seen on the smartphone.
El documento forma parte de la implementación de la orden ejecutiva de la administración Donald Trump, titulada “Garantizando una banca justa para todos los estadounidenses”, cuyo objetivo declarado es despolitizar el sistema bancario federal.
El foco del informe está puesto en las llamadas prácticas de “debanking” o desbancarización, un fenómeno mediante el cual bancos niegan, restringen o cancelan servicios financieros a personas o empresas no por riesgo crediticio, sino por razones ideológicas, reputacionales, morales o políticas. Según la OCC, estas prácticas podrían haber sido aplicadas de manera sistemática durante los últimos años.
La revisión se concentra en los nueve bancos más grandes bajo supervisión federal, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank y BMO. El regulador solicitó documentación interna, políticas de cumplimiento y criterios de riesgo aplicados entre 2020 y 2025, además de analizar cerca de 100.000 quejas de consumidores registradas en bases oficiales y de terceros.
El objetivo explícito del análisis es determinar si estas entidades discriminaron a clientes actuales o potenciales por motivos ajenos a la solvencia financiera, incluyendo creencias políticas, afiliaciones ideológicas o actividades económicas legales, pero consideradas “sensibles” o “controversiales”.
Los sectores “castigados” por la banca
El informe enumera nueve categorías de actividades económicas que habrían enfrentado restricciones sistemáticas. Entre ellas figuran:
-Prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes, por consideraciones de “riesgo reputacional” vinculadas al lucro por encarcelamiento.
-Empresas de cobro de deudas, nóminas y recuperación de activos, acusadas de prácticas agresivas.
-Industria del tabaco y cigarrillos electrónicos, por presión mediática y activista.
-Comités de acción política (PACs) y partidos políticos, con restricciones al financiamiento.
-Actividades vinculadas a activos digitales y criptomonedas, bajo el argumento de riesgo financiero y delitos económicos.
Pero uno de los puntos más sensibles —y que generó mayor repercusión— es el trato dispensado a la industria del entretenimiento para adultos.
El caso del entretenimiento adulto: exclusión sin ilegalidad
En el apartado “Adult entertainment”, el informe señala que algunos bancos restringieron severamente o directamente negaron productos y servicios financieros a empresas dedicadas a la venta o distribución de contenido adulto, incluyendo tanto medios como productos y servicios de naturaleza sexual.
El documento es claro en un punto central: no se trata de actividades ilegales. Las restricciones no se basaron en infracciones penales ni en incumplimientos regulatorios, sino en políticas internas que exigían revisiones extraordinarias o directamente bloqueaban el acceso a cuentas, créditos, procesamiento de pagos u otros servicios esenciales.
Este hallazgo refuerza una crítica recurrente: que los bancos están actuando como árbitros morales y políticos, imponiendo estándares propios sobre qué sectores “merecen” acceso al sistema financiero, aun cuando operen dentro de la ley.
El trasfondo político y regulatorio
Desde la perspectiva de la administración Trump, estas prácticas constituyen una “weaponization of finance”, es decir, el uso del sistema financiero como herramienta de control ideológico indirecto. El informe busca demostrar que, en la práctica, decisiones privadas de grandes bancos pueden tener efectos equivalentes a sanciones estatales, pero sin supervisión democrática.
En este marco, la inclusión de sectores como la pornografía no implica una defensa moral de estas actividades, sino su uso como ejemplo extremo de hasta qué punto la banca puede excluir actores legales por presión reputacional, activismo o alineamientos ideológicos.
El alcance del informe excede ampliamente a un sector específico. Lo que está en discusión es quién controla el acceso al sistema financiero en una economía moderna y con qué criterios. Si la banca puede negar servicios por razones políticas o morales, el crédito y los pagos se convierten en instrumentos de poder estructural, no en servicios neutrales.
Por eso, el informe de la OCC no es solo un documento técnico: es una pieza central en una disputa mayor entre el poder regulatorio del Estado, la autonomía de las grandes corporaciones financieras y el futuro del principio de neutralidad económica en EEUU.
