Con un 28% de participación de sus miembros, de los cuales el 86% votó a favor, la resolución denuncia ataques deliberados contra civiles, incluyendo niños, privación de suministros básicos, violencia sexual y desplazamientos forzados de la población gazatí. La declaración también reconoce los crímenes de Hamas contra Israel, pero sostiene que estos no justifican ninguna acción genocida por parte del Estado israelí.
La Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio define genocidio como cualquier acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto incluye asesinatos, daños graves, condiciones de vida que conduzcan a la destrucción, medidas para impedir nacimientos y transferencias forzadas de niños.
Fundada en 1994, la IAGS reúne a más de 500 expertos, incluyendo académicos, juristas, sobrevivientes de genocidios y activistas de derechos humanos. Entre sus antecedentes, la organización ha declarado previamente genocidios en casos históricos y contemporáneos:
-Armenia (1915-1917): masacres y deportaciones del Imperio Otomano.
-Ruanda (1994): persecución y exterminio de tutsis y hutus moderados.
-Bosnia (1992-1995): especialmente la masacre de Srebrenica.
-Darfur, Sudán (2003–): campañas del gobierno y milicias contra poblaciones no árabes.
-Myanmar (Rohingya, 2017–): persecución, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Esta trayectoria convierte a la IAGS en un referente académico de peso en la identificación y estudio de genocidios.
Algunos analistas comparan la resolución sobre Israel con el papel de la IAGS en Darfur o con las declaraciones sobre Armenia, donde la presión académica y moral precedió decisiones de organismos internacionales y contribuyó a moldear la narrativa global. Aunque cada caso es distinto, el patrón demuestra cómo el reconocimiento académico puede reforzar la acción internacional.
Implicancias de la declaración
Aunque no tiene carácter legal vinculante, la resolución genera repercusiones importantes:
-Jurídicas: puede ser citada en procesos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o en investigaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre crímenes de genocidio.
-Políticas y diplomáticas: presiona a países aliados de Israel, como EEUU o Alemania, y refuerza la posición de quienes demandan un alto el fuego y mayor intervención de la ONU.
-Académicas y mediáticas: legitima el uso del término “genocidio” en medios y discursos internacionales, y fortalece campañas de ONG y movimientos de derechos humanos.
Melanie O’Brien, presidenta de la IAGS y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, calificó la resolución como una “declaración definitiva de expertos en el campo de los estudios del genocidio”.
La declaración de la IAGS coloca a Israel bajo el escrutinio de la comunidad académica internacional en términos de derechos humanos y genocidio, reforzando debates jurídicos y políticos globales. Más allá de su efecto legal inmediato, la resolución consolida la importancia de la investigación y la denuncia académica como herramientas de presión moral y diplomática, y marca un precedente en la forma en que se analiza el conflicto en Gaza en la historia contemporánea.
La declaración de la IAGS, aunque no legalmente vinculante, puede influir en la agenda de la ONU, aumentando la presión para que se considere la dimensión genocida en investigaciones y sanciones.
