La Ministra de Migración, Elma Saiz, señaló que los beneficiarios podrán trabajar «en cualquier sector, en cualquier parte del país» y destacó «el impacto positivo» de la migración.
«Estamos hablando de estimaciones, probablemente más o menos las cifras pueden estar en torno al medio millón de personas», declaró a la cadena pública RTVE.
Saiz afirmó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes que «estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración, la convivencia y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».
La medida afectará a quienes residan en España durante al menos cinco meses y hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025.
Los solicitantes deben tener antecedentes penales limpios. La regularización también se aplicará a sus hijos que ya residan en España.
Se espera que el período de solicitud se abra en abril y continúe hasta finales de junio.
El plan se aprobará mediante un decreto que no necesitará aprobación en el Parlamento, donde la coalición liderada por los socialistas carece de mayoría.
La oposición conservadora y de extrema derecha arremetió contra el gobierno, diciendo que la regularización alentaría más inmigración ilegal.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, el principal grupo de la oposición de derecha, escribió en X que el plan «absurdo» «saturaría nuestros servicios públicos».
«En la España socialista se premia la ilegalidad», afirmó, prometiendo cambiar la política migratoria «de arriba a abajo» si asumiera el poder.
Cero política pro familia y pro natalidad
España no carece de diagnóstico sobre su crisis demográfica. Lo sabe perfectamente: Tasa de fecundidad ≈ 1,2 hijos por mujer, edad media del primer hijo: >31 años, emancipación juvenil tardísima y vivienda inaccesible.
España eligió así sustituir hace años la política demográfica de largo plazo por una política migratoria de corto plazo.
Muchos inmigrantes terminan adoptando el mismo patrón de baja natalidad al integrarse y la presión económica y urbana que ya existen, reduce también su fecundidad. Sin políticas familiares, la inmigración solo retrasa el problema y no es más que un parche.
España (y Europa) enfrenta una disyuntiva que evita discutir abiertamente: O reforma su modelo económico y cultural para hacer viable la familia, o acepta una transformación demográfica profunda vía inmigración continua (lo cual hacen en silencio).
La excusa de la política hoy es que las políticas necesarias para revertir este desastre son caras, estructurales y políticamente incómodas, porque simplemente no les interesa. Este es un problema del presente causado por decisiones (y omisiones) del pasado, no algo que “apareció de golpe”.
La bomba demográfica se armó hace 30–40 años (1975 en adelante) en España y empezó a entrar en crisis de reemplazo poblacional ya en los años 80 y 90 con la caída abrupta de la natalidad tras el baby boom, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral sin red de conciliación, la precarización juvenil progresiva y la vivienda convertida en activo financiero, no en bien social.
La pirámide no estaba invertida, y los costos eran manejables.
Durante décadas dominó una idea en la sociedad que era muy concreta y estúpida, producto del capitalismo y Estado de Bienestar: “Si la economía crece, la gente tendrá hijos sola”. Eso no ocurrió, porque el crecimiento fue desigual, la estabilidad desapareció y ahora tener hijos pasó a ser un riesgo económico.
El Estado delegó la reproducción social al individuo, algo históricamente inédito.
Uno de los fallos más profundos fue conceptual, ya que el Estado intervino en educación, salud, trabajo, pero se retiró del sostenimiento material de la familia.
Si mañana España aplicara políticas pro-natalidad perfectas, los efectos reales se verían dentro de 20–25 años y nadie quiere sacrificar el ‘ahora’, vivir el momento, en la política europea o española.
Las generaciones políticas sabían lo que venía, no quisieron pagar el costo político, y trasladaron la factura al futuro. Ese futuro es hoy y la sociedad es mayormente responsable de la catástrofe.
¿’Justicia social’?
La Iglesia católica española estuvo entre las organizaciones que elogiaron la medida, llamándolo «un acto de justicia social y de reconocimiento».
Pedro Sánchez dice que España necesita migración para cubrir las carencias de fuerza laboral y contrarrestar el envejecimiento de la población que podría poner en peligro las pensiones y el estado de bienestar.
Sánchez ha dicho que la migración representó el 80% del dinámico crecimiento económico de España en los últimos seis años.
Los datos oficiales publicados el martes mostraron que 52.500 de las 76.200 personas que impulsaron las cifras de empleo en el último trimestre del año pasado eran extranjeros, lo que contribuyó a la cifra de desempleo más baja desde 2008.
La postura más abierta de España contrasta con una tendencia que ha visto a los gobiernos endurecer las políticas migratorias bajo la presión de los partidos de extrema derecha que han ganado terreno en toda la Unión Europea.
A principios de enero de 2025 vivían en España alrededor de 840.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría latinoamericanos, según el centro de estudios Funcas.
España es una de las principales puertas de entrada a Europa para los inmigrantes irregulares que huyen de la pobreza, los conflictos y la persecución, y decenas de miles de ellos, en su mayoría africanos subsaharianos, desembarcan en el archipiélago de las Islas Canarias, frente a la costa noroccidental de África.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en España viven más de 7 millones de extranjeros de una población total de 49,4 millones de personas.
