Las repercusiones de este caso van mucho más allá de un escándalo jurídico: tocan la legitimidad del ejército, el estado de derecho durante el conflicto, y el equilibrio político entre instituciones en un momento de alta tensión nacional e internacional.
El núcleo de la tormenta es un video tomado por cámaras de seguridad dentro de la cárcel militar de Sde Teiman, en el sur de Israel —un centro donde son retenidos prisioneros palestinos capturados durante la guerra en Gaza. Según la investigación y los reportes periodísticos, las imágenes muestran a soldados rodeando a un hombre detenido, bloqueando la visión con escudos antidisturbios, mientras habría actos de violencia prolongados.
De acuerdo con la denuncia, los abusos no fueron meramente físicos, sino también graves: el detenido sufrió heridas que incluyeron costillas fracturadas, un pulmón perforado y una herida rectal. En su carta de renuncia, Tomer-Yerushalmi afirmó que autorizó la difusión del video “para contrarrestar la propaganda falsa contra las autoridades legales militares”, es decir, para proteger la reputación de los fiscales militares frente a acusaciones de debilidad o de priorizar a los prisioneros palestinos.
La repercusión política fue inmediata y brutal. Tras su admisión, Tomer-Yerushalmi presentó su renuncia el 31 de octubre de 2025. Algunos ministros de la derecha más radical la acusaron de traición: el Ministro de Defensa Israel Katz dijo que no iba a ser reinstalada, y otros la responsabilizan por dañar la moral de las tropas y la imagen internacional de Israel.
Por su parte, se activó una investigación penal: Tomer-Yerushalmi fue arrestada con cargos que incluyen fraude, abuso de confianza, obstrucción de la justicia y divulgación no autorizada de información oficial. Además, según medios israelíes, habría engañado a las altas cúpulas militares y judiciales —incluso al Alto Tribunal de Justicia— presentando una investigación interna “ficticia” para disimular su responsabilidad real.
Días después, el 9 de noviembre, fuentes confiables han dicho que la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi intentó suicidarse esta noche ingiriendo un frasco de pastillas para dormir, y desde entonces ha sido trasladada al hospital por el Magen David Adom (MDA). Varios reportes indican que habría tomado alrededor de 20 pastillas para dormir.
¿Qué motivó la filtración?
Para comprender por qué una figura tan central y de un perfil tan cuidadoso como Tomer-Yerushalmi decidió filtrar ese video, es necesario mirar su carta de renuncia y sus declaraciones públicas. Según ella, su decisión no fue un acto de “rebeldía” ni de venganza: fue un acto de deber. En su propio texto, escribió que había enfrentado lo que describió como una “campaña destructiva de incitación” contra su oficina, que describió como una ofensiva contra los fiscales militares para debilitar su capacidad de operar con independencia.
Según sus palabras, el hecho de investigar los presuntos abusos en Sde Teiman era una obligación legal, incluso en medio de la guerra. “Incluso en un conflicto doloroso y sostenido, es nuestro deber examinar las sospechas de conducta ilegal”, dijo, y agregó que esta no es “una debilidad sino la fundación de la legitimidad y la integridad del IDF”.
Sus críticos, sin embargo, interpretan la maniobra de otra manera: como una filtración calculada para dañar la imagen de ciertos sectores del ejército, o incluso para ganar puntos en la arena política e institucional. Para algunos, su acción equivale a exponer al Estado más que protegerlo, especialmente en un momento delicado de guerra y presión internacional.
El caso pone en primer plano una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el ejército israelí puede seguir sosteniendo que sus procesos judiciales internos funcionan, cuando desde adentro se filtran pruebas graves de abuso? Si la jefa de la fiscalía militar considera necesario filtrar material clasificado para que estas violaciones sean conocidas, eso evidencia un problema de transparencia estructural.
Además, la reacción del gobierno —particularmente del ala de derecha— ha sido acusada por algunos de minimizar los abusos y concentrarse en el daño de reputación sufrido por el Estado. El primer ministro Netanyahu, por ejemplo, calificó la filtración como “el golpe de relaciones públicas más severo” que ha sufrido Israel, concentrando su discurso en la “imagen” más que en el contenido de las denuncias.
El arresto de Tomer-Yerushalmi marca un episodio raro: no es común que una figura tan alta en el aparato legal militar sea puesta bajo custodia. Esto revela tensiones reales entre la fiscalía militar y otros poderes, tanto dentro del ejército como en el gobierno civil. Se abre un precedente para preguntas más profundas: ¿quién controla a los controladores? ¿Quién investiga a los fiscales cuando se cruzan líneas?
Además, algunos analistas señalan que la detención podría tener una motivación política: silenciar una voz que no solo fiscalizaba a soldados, sino que también denunciaba ciertas dinámicas internas. Para sectores de izquierda y defensores de derechos humanos, Tomer-Yerushalmi era una figura clave para denunciar violaciones en un momento en que las instituciones de rendición de cuentas están bajo presión.
