La visión del Technate of América sostenía que toda Norteamérica y sus territorios adyacentes deberían organizarse como una unidad funcional, dirigida por expertos técnicos y orientada a maximizar la eficiencia energética y productiva. Aunque nunca se materializó como política oficial, su núcleo conceptual permanece inquietantemente relevante: territorios y recursos como—entre otros—Canadá, Groenlandia y la gran cuenca energética del continente eran vistos como piezas interconectadas de un sistema global de poder. Este planteo, que privilegiaba lo funcional por sobre lo político, anticipaba una lógica en la que los recursos y las capacidades productivas son el corazón de toda estrategia hegemónica, que hoy está de regreso en la competencia con naciones orientales.
Este tipo de lógica renace, no en una forma tecnocrática ideológica, sino en una geopolítica pragmática y muscular. En repetidas ocasiones a lo largo de 2025 y comienzos de 2026, Donald J. Trump, ha intensificado su insistencia en la importancia estratégica de territorios como Groenlandia, no solo desde el punto de vista militar, sino como un eslabón fundamental para la seguridad nacional estadounidense. Trump ha declarado que “necesitamos Groenlandia” en términos que, si bien mencionan la defensa, inevitablemente apuntan al control de su vasto potencial en recursos minerales, tierras raras y posiciones geográficas críticas para el Ártico y el control de rutas marítimas emergentes debido al deshielo polar.
Estas declaraciones, que evocan en su esencia la lógica de disponibilidad y control del Technate, han generado tensiones diplomáticas con Dinamarca y Groenlandia, cuya soberanía se ve implícitamente cuestionada por el discurso de que “no invertir” en el territorio equivale a dejarlo vulnerado.
Pero es en Venezuela donde estas dinámicas adquieren una forma mucho más concreta y preocupante, sumado a las advertencias contra Colombia y México.
En un hecho sin precedentes en la política hemisférica contemporánea, el 3 de enero de 2026 trascendió que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado por las autoridades estadounidenses. Inmediatamente después, Trump anunció que EEUU tomaría temporalmente el control de Venezuela “hasta que pueda realizarse una transición segura y eficiente”.
La magnitud de esta declaración es radical porque no se trata de cooperar con una transición interna, sino de asumir la administración directa de un país soberano por tiempo indefinido bajo la premisa de asegurar una “transición fiable”. Este tipo de afirmaciones —más allá de su justificación legal o su encuadre humanitario— invocan un regreso explícito a políticas de dominación directa, principalmente cuando se cruzan con otros elementos de la diplomacia económica y estratégica estadounidense.
Venezuela no es cualquier país: posee una de las mayores reservas de petróleo del planeta, hidrocarburos que durante décadas han sido objeto de interés global por su capacidad de influir en mercados internacionales. Tras la intervención y la captura de Maduro, Trump ha vinculado explícitamente la administración del país con el control y reconstrucción de la industria petrolera venezolana, declarando que grandes compañías estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” para recuperar y explotar esos recursos.
Este enfoque desnuda la superficialidad de las justificaciones ideológicas. Para muchos observadores, el discurso sobre transición democrática o la lucha contra el narcotráfico sirven de cobertura retórica para lo que, en el fondo, es un interés estratégico en recursos naturales claves y expulsión de potencias rivales.
No es casualidad que, en paralelo a movimientos como este, Trump y otros miembros de su administración hayan sugerido públicamente intereses similares sobre otros territorios ricos en minerales o puntos geoestratégicos como el Canal de Panamá o el propio Groenlandia. La constante es la misma: garantizar el acceso o el control funcional sobre regiones de altísimo valor económico o militar en nombre de la “seguridad nacional”.
¿Neo-colonialismo por necesidad?
Es aquí donde la pregunta fundamental adquiere una urgencia tangible: ¿Estamos presenciando una forma de neocolonialismo por necesidad geoestratégica, disfrazado de discurso humanitario y seguridad?
Este modelo, muy distinto del colonialismo clásico del siglo XIX, no requiere legalmente la anexión formal ni el estatus de colonia política, pero sí implica:
-Control estratégico de recursos nacionales de otros estados
-Influencia decisiva en sus estructuras económicas
-Capacidad para intervenir militar y políticamente
-Redefinición de la soberanía bajo control externo
Si se mira de esta forma, las acciones recientes de EEUU —desde propuestas sobre Groenlandia hasta la administración temporal de Venezuela— pueden inscribirse en una lógica que prioriza la posición estratégica global por encima de la soberanía nacional de otros países.
Esto no es, necesariamente, la continuidad de un proyecto técnico ideológico centenario como el Technate of America. Pero sí es la reaparición de su pensamiento central en la práctica: territorios valorados por sus recursos, por su ubicación, por su utilidad funcional dentro de un orden mundial determinado.
Lo más perturbador —y lo que la discusión pública muchas veces soslaya— es que estas decisiones se toman bajo discursos que, a primera vista, parecen defensivos o altruistas. Sin embargo, una mirada crítica revela intereses materiales objetivos que no pueden ser ignorados.
La contienda entre discurso y realidad, entre legitimación política y acumulación de poder, sugiere que lo que ocurre hoy en el mundo —especialmente en el Hemisferio Occidental— podría ser interpretado como una forma moderna de neocolonialismo, donde la intervención militar y la administración directa son solo medios para asegurar acceso y control de recursos estratégicos y posiciones geopolíticas clave.
La pregunta que sigue abierta —y cuyo peso se hará más evidente con el tiempo porque los hechos así lo demuestran— es esta:
Si un país puede intervenir militarmente en otra nación soberana con justificativos ambiguos y luego administrar su economía y sus recursos estratégicos por tiempo indefinido, ¿Qué significa hoy la soberanía en el sistema internacional?
¿Hasta qué punto este tipo de acciones no representan una forma de dominio encubierto que solo ha modernizado el colonialismo clásico en función de las necesidades estratégicas del poder hegemónico global?
Un elemento central de la declaración del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026 fue la importancia estratégica de la industria petrolera venezolana y el papel que EEUU prevé desempeñar en ella tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense. Trump no solo reiteró que Washington administrará Venezuela temporalmente hasta que se pueda lograr una transición “segura, adecuada y juiciosa”, sino que enmarcó esa administración directamente en torno al control y la reconstrucción del sector energético del país.
En una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, Trump afirmó que EEUU participará “muy fuertemente” en la industria petrolera venezolana, poniendo énfasis en que las corporaciones energéticas norteamericanas —a las que calificó como las “más grandes y mejores del mundo”— invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura gravemente deteriorada y reactivar la producción de crudo.
Como parte de su justificación, Trump sostuvo que EEUU había contribuido originalmente a construir la industria petrolera venezolana con “talento, empuje y habilidad estadounidenses” y que el régimen socialista la había “robado” durante décadas de control estatal, privando así a compañías estadounidenses de sus derechos e inversiones. Bajo esa lógica, reponer ese control con empresas estadounidenses es presentado como una forma de “reparar” un daño histórico y, al mismo tiempo, de garantizar que la producción vuelva a fluir de forma que beneficie al país bajo la supervisión estadounidense.
Trump argumentó también que la reconstrucción petrolera será financiada por las mismas compañías estadounidenses, que “gastarán miles de millones, arreglarán la infraestructura y empezarán a generar ingresos para el país”. El mandatario aseguró que esto no solo traerá beneficios económicos, sino que será parte de un proceso más amplio para restaurar la estabilidad y el orden económico tras años de crisis y sanciones que desmantelaron la producción venezolana.
Trump tampoco oculta su deseo de controlar las enormes reservas minerales de Venezuela y su creencia de que las compañías petroleras estadounidenses fueron robadas cuando se nacionalizó la industria petrolera.
«Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza de la tierra, y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela, y a la gente de fuera de Venezuela que solía estar en Venezuela, y también a los Estados Unidos de América en forma de reembolso».
Trump sostuvo incluso que la industria petrolera venezolana había sido originalmente construida con capital y conocimiento estadounidense, y que su control estatal posterior había significado una suerte de “expropiación histórica”.
Incluso en intervenciones pasadas (Irak, Libia, Afganistán), EEUU solía cuidar la narrativa: democracia, estabilidad, lucha contra el terrorismo.
Aquí, Trump hace algo distinto dice explícitamente que el objetivo es la riqueza del subsuelo, vincula el derrocamiento de Maduro con la reapertura del flujo petrolero bajo control estadounidense, y presenta la venta del crudo venezolano a terceros países como decisión de Washington, no de Caracas:
“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”, dijo Trump en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se jactó de que esta “operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses”.
A la pregunta de un periodista en la conferencia, “¿Es posible que EEUU termine administrando Venezuela durante años?” Trump: “Bueno, ya sabes, no nos costará nada porque el dinero que sale de la tierra es muy sustancial”.
Donald Trump, respondió también a preguntas sobre cómo podría afectar a China, Rusia e Irán el control estadounidense del petróleo venezolano:
“En términos de China y Rusia… bueno, Rusia cuando arreglemos las cosas; pero en términos de otros países que quieren petróleo, estamos en el negocio del petróleo… Vamos a venderlo a otros países, muchos de los cuales ya lo están usando ahora, pero yo diría que vendrán muchos más”.
El discurso humanitario, el de la transición democrática y el de la estabilidad económica se superponen con un interés material concreto: asegurar el acceso, la gestión y la proyección estratégica de recursos energéticos clave en un contexto global cada vez más competitivo.
Lo ocurrido —o anunciado— en Venezuela no carece de antecedentes. Irak, en 2003, fue gobernado durante más de un año por una autoridad provisional extranjera que reestructuró profundamente su economía y su sector petrolero. Panamá, en 1989, fue intervenido bajo argumentos de orden y seguridad, dando paso a una reorganización política y económica alineada con los intereses de Washington. Libia, en 2011, mostró cómo la caída de un régimen y la apertura del sector energético pueden derivar en dependencia estructural y fragmentación estatal.
En América Latina y el Caribe, las ocupaciones “temporales” del siglo XX dejaron una lección persistente: aunque se diga que la soberanía formal es restaurada con palabras bonitas, los condicionamientos económicos y estratégicos permanecen durante décadas.
El patrón se repite con variaciones, pero con una lógica constante que implica crisis extrema como justificación, intervención o tutela externa, reorganización de sectores estratégicos, retirada formal, y dependencia estructural duradera.
Groenlandia, Canadá, el Ártico, el Caribe y Venezuela reaparecen en el centro del tablero no por azar, sino porque concentran energía, minerales, rutas y estabilidad relativa. La historia no se repite de forma idéntica, pero rima con lujo explícito.
Tierras raras
Venezuela también tiene depósitos de tierras raras, aunque su cuantificación y explotación formal siguen siendo limitadas, pero este hecho aparece cada vez más en análisis geopolíticos sobre el valor estratégico del país más allá del petróleo.
El gobierno venezolano ha señalado que en el territorio —especialmente en el Arco Minero del Orinoco, una vasta zona minera de unos 111.843 km² en el sur del país— existen depósitos de elementos de tierras raras además de minerales como coltán, oro, diamantes, hierro y bauxita.
Informes independientes y análisis recientes también mencionan coltán y tierras raras asociados, que se han encontrado en muestras geológicas dentro del Escudo Guayanés, en áreas remotas cerca de Bolívar y Amazonas.
Aunque Venezuela es más conocida por sus reservas de petróleo y gas, estas tierras raras y otros minerales críticos (como coltán o torio) están atrayendo atención creciente porque son esenciales para tecnologías de alta gama, desde energías renovables hasta defensa y electrónica avanzada.
La combinación de energía (petróleo), minerales estratégicos y una ubicación geográfica privilegiada es lo que explica por qué diversos actores internacionales consideran a Venezuela como un punto de interés más allá de la política interna.
Las críticas internas y externas atraen atención
El representante republicano Thomas Massie criticó duramente en X el plan de la administración Trump y las declaraciones de JD Vance:
«No es petróleo estadounidense. Es petróleo venezolano. Las compañías petroleras celebraron acuerdos riesgosos para desarrollar petróleo, acuerdos que fueron cancelados por un gobierno venezolano anterior. Lo que está pasando: se están arriesgando vidas de soldados estadounidenses para hacer que esas compañías petroleras (no estadounidenses) sean más rentables».
La representante republicana Marjorie Taylor Greene también lanzó una fuerte crítica en X:
«… Si la acción militar de Estados Unidos y el cambio de régimen en Venezuela realmente tenían como objetivo salvar vidas estadounidenses de las drogas mortales, ¿por qué el gobierno de Trump no ha tomado medidas contra los cárteles mexicanos?
Y si procesar a los narcoterroristas es una alta prioridad, ¿por qué el presidente Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos? Irónicamente, la cocaína es la misma droga que Venezuela trafica principalmente a Estados Unidos.
La siguiente observación obvia es que al remover a Maduro se trata de una clara maniobra para controlar los suministros de petróleo venezolano, lo que garantizará la estabilidad para la próxima guerra de cambio de régimen en Irán.
Y, por supuesto, ¿por qué está bien que Estados Unidos invada, bombardee y arreste militarmente a un líder extranjero, pero que Rusia sea malvada por invadir Ucrania y que China sea malvada por agredir a Taiwán? ¿Solo está bien si lo hacemos nosotros? (I No apoyo ni a Rusia ni a China.
El cambio de régimen, la financiación de guerras en el extranjero y el constante desvío del dinero de los contribuyentes estadounidenses hacia causas extranjeras, tanto nacionales como internacionales, y hacia gobiernos extranjeros, mientras los estadounidenses se enfrentan constantemente al aumento del coste de la vida, la vivienda y la atención médica, y se enteran de estafas y fraudes relacionados con sus impuestos, es lo que enfurece a la mayoría de los estadounidenses. Especialmente a las generaciones más jóvenes. Los baby boomers y la mitad de la generación X aplaudirán las guerras y los argumentos neoconservadores, pero la otra mitad de la generación X y la mayoría de los inferiores lo detestan.
El disgusto de los estadounidenses por la interminable agresión militar de nuestro propio gobierno y su apoyo a guerras extranjeras está justificado porque nos vemos obligados a pagar por ello y ambos partidos, republicanos y demócratas, siempre mantienen la maquinaria militar de Washington financiada y en funcionamiento».
La operación en Venezuela también supone otro golpe a la ley internacional, y que nuevamente el poder de EEUU dice al público de que la mejor manera de gobernar el mundo es seguir un conjunto de reglas acordadas que varían según conveniencias y según quién las aplique, destruyendo la idea de seguir un derecho internacional basado en la ley.
La idea ya se había barajado antes de que Donald Trump asumiera el cargo, pero ya ha demostrado repetidamente, tanto en EEUU como a nivel internacional, que cree que puede ignorar las leyes que no le gustan.
La justificación de EEUU de que sus militares simplemente estaban ayudando a la ejecución de una orden de arresto contra un capo de la droga que se hacía pasar por presidente de Venezuela es débil y una pantalla, especialmente dadas las declaraciones de Trump de que EEUU ahora controlará el país, sus recursos y su industria petrolera.
La administración sostiene que el argumento se justifica en el narcotráfico y así permitir acciones de seguridad e invasión del espacio aéreo y territorial sin necesidad de una declaración formal de guerra.
Según Naciones Unidas, el uso de la fuerza entre estados está prohibido salvo en dos casos: (i) autorización del Consejo de Seguridad; (ii) legítima defensa tras ataque armado.
El concepto de autodefensa preventiva (acción antes de un ataque) es altamente controvertido, ya que consiste en una interpretación expansiva del principio de autodefensa, argumentando que la presencia de “grupos narcoterroristas desde Venezuela” que actúan transnacionalmente posibilita acciones preventivas.
La estrategia suma la idea del uso de poderes ejecutivos de EEUU (Artículo II de la Constitución) para actuar sin mandato internacional explícito. Pero en conjunto, legalmente, la justificación tiene debilidades escandalosas ya que la amenaza debe ser inminente, sin alternativas, según el caso «Caroline» (1837). En los hechos actuales, se argumenta que la amenaza es grave pero no necesariamente inminente.
Tampoco existe el hay consenso internacional que reconozca la expansión del principio de autodefensa preventiva hacia narcotráfico estatal.
-La estructura actual —bombardeos navales, designaciones de “terroristas” y afirmaciones sin plena transparencia pública junto ala cúlmine extracción o secuestro de un mandatario, legítimo o no— abre el espacio a las acusaciones de violación del derecho internacional.
Tanto Rusia como China reaccionaron rápidamente y de manera enfática tras los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, calificando la operación como una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional.
Según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing, las acciones estadounidenses constituyen un acto hegemónico que amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe, y China instó a Washington a respetar la Carta de las Naciones Unidas y a cesar la violación de la soberanía y seguridad de otros países.
En comunicados relacionados, China además pidió la liberación inmediata de Maduro y su esposa y exigió que se detengan los esfuerzos por derrocar al gobierno venezolano por la fuerza, insistiendo en que la situación debe abordarse mediante diálogo y respeto a las normas internacionales.
Rusia también condenó con firmeza las operaciones estadounidenses, calificándolas como un acto de agresión armada contra un Estado soberano. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso señaló que los motivos esgrimidos por EEUU para justificar la acción son infundados y que esta “ideologización hostil” ha suplantado la voluntad de construir «relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad”.
Moscú afirmó que la retirada forzada de Maduro del país durante una operación militar constituye una inaceptable invasión a la soberanía venezolana, y exhortó al gobierno estadounidense a reconsiderar su postura y liberar al presidente.
Laura Richardson y la explicitación del factor recursos
Si el discurso político de Donald Trump resulta crudo y frontal, el de Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de los EEUU (SOUTHCOM), es más técnico, pero no menos revelador. A lo largo de 2023, 2024 y 2025, Richardson realizó una serie de declaraciones públicas que marcaron un punto de inflexión: por primera vez, una alta autoridad militar estadounidense habló de manera abierta sobre la importancia de América Latina —y de Venezuela en particular— en términos de recursos naturales vinculados directamente a la seguridad nacional de EEUU.
En entrevistas y exposiciones ante organismos oficiales, Richardson señaló que América Latina concentra enormes reservas de petróleo, gas, litio, cobre, oro y agua dulce, y que esos recursos son críticos en un contexto de competencia estratégica global, especialmente frente a China y Rusia. En ese marco, mencionó explícitamente a Venezuela como un país clave debido a su petróleo, gas y minerales, subrayando que estos activos no son un asunto regional, sino un factor directo de la seguridad nacional estadounidense.
La franqueza del planteo fue inusual. Richardson no apeló a conceptos abstractos como “valores democráticos” o “cooperación hemisférica”, sino a una lógica descarnada: quien controle los recursos críticos controla la capacidad de sostener poder económico, militar e industrial en el largo plazo. En su diagnóstico, América Latina dejó de ser el “patio trasero” olvidado para convertirse nuevamente en un espacio estratégico en disputa.
Dentro de ese mapa, Venezuela ocupa un lugar singular. No solo por sus reservas de petróleo —las mayores del mundo en términos certificados—, sino por su posición geográfica, su proyección caribeña y su potencial para integrarse rápidamente a cadenas de suministro energéticas si se produce un cambio político. Richardson fue clara al advertir que la presencia de actores extrahemisféricos en Venezuela, en particular Rusia y China, representa un desafío directo para EEUU.
Esta visión ayuda a entender por qué, cuando Trump habla de gobernar Venezuela temporalmente y de reconstruir su industria petrolera con participación estadounidense, esas palabras no aparecen en el vacío. Encajan perfectamente con el diagnóstico estratégico del estamento militar, que desde hace tiempo considera a Venezuela un punto que debe ser “reordenado” dentro del sistema hemisférico occidental.
En ese sentido, Richardson no propone una ideología ni un proyecto político, sino algo más frío: la necesidad de asegurar recursos, rutas y alineamientos en un escenario de competencia global creciente. Su lenguaje es el de la planificación estratégica, no el de la diplomacia.
Del discurso militar a la decisión política
La importancia de las declaraciones de Richardson radica en que funcionan como puente entre el análisis técnico-militar y la acción política. Cuando Trump afirma que Estados Unidos gobernará Venezuela “por un tiempo”, o que empresas estadounidenses tomarán un rol central en la industria petrolera, no está improvisando una idea aislada, sino traduciendo en términos políticos una visión estratégica ya instalada en los niveles militares.
Aquí reaparece, de forma implícita, la lógica que animaba al viejo Technate of America: los territorios no se definen por su soberanía formal, sino por su función dentro de un sistema mayor. Venezuela no es observada solo como un Estado-nación con una crisis interna, sino como un nodo energético cuya orientación afecta directamente al equilibrio de poder hemisférico.
Lo verdaderamente perturbador no es que estas ideas existan —han existido siempre—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan públicamente. Cuando una comandante militar estadounidense puede decir sin rodeos que los recursos de América Latina son clave para la seguridad nacional de su país, y cuando un presidente puede anunciar la administración directa de otro Estado soberano, algo se ha desplazado en el consenso internacional.
Incorporar a Laura Richardson en este cuadro no aclara el panorama: lo oscurece aún más. Porque confirma que no se trata de exabruptos individuales, sino de una visión compartida entre el poder político y el poder militar.
Tanto ella como Donald Trump parecen creer que establecen las reglas, y lo que se aplica a EEUU bajo este mandato y los anteriores no significa que otros puedan esperar los mismos privilegios ya que serán señalados como antidemocráticos, dictatoriales y violadores del derecho internacional.
El lenguaje del siglo XXI ya no necesita ocultarse tras elaboradas justificaciones ideológicas. La necesidad estratégica parece bastar como argumento. Pero los rivales y potencias competitivas no tardarán en responder.
