La revelación ha generado un fuerte impacto en Washington, donde altos cargos del gobierno estadounidense debieron evaluar no solo las implicancias legales de continuar enviando armas a Israel, sino también el costo político y estratégico de reconocer formalmente violaciones al derecho internacional humanitario por parte de un aliado histórico.
Advertencias internas dentro del ejército israelí
De acuerdo con los exfuncionarios, analistas de inteligencia norteamericanos interceptaron o accedieron a comunicaciones en las que abogados militares israelíes expresaban preocupación sobre incidentes específicos en Gaza que podrían ser usados como evidencia de violaciones graves del derecho internacional.
Entre las advertencias internas figuraban cuestionamientos sobre:
-Uso de armamento pesado en zonas densamente pobladas.
-Patrones de ataque que resultaron en un número muy alto de víctimas civiles.
–Casos donde la proporcionalidad o la distinción entre objetivos civiles y militares era difícil de justificar.
Estas comunicaciones no implican que Israel reconociera oficialmente crímenes de guerra, pero sí revelan que existía conciencia interna de que algunas tácticas de combate podían generar responsabilidad penal internacional.
Tensión en Washington: ¿Qué hacer si Israel violó el derecho internacional?
La inteligencia fue elevada a altos niveles del gobierno estadounidense, generando discusiones “intensas y delicadas” entre la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado.
El dilema era doble:
-Implicancias legales: Si EEUU llegaba a la conclusión formal de que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra, tendría la obligación —bajo leyes federales y acuerdos internacionales— de suspender envíos de armas, asistencia militar e inteligencia.
-Implicancias políticas y estratégicas: Reconocer violaciones graves por parte de Israel podría alterar profundamente las relaciones bilaterales, fortalecer a Hamas y debilitar la posición geopolítica de EEUU en Oriente Medio.
Por estas razones, los abogados del gobierno estadounidense concluyeron que, si bien la inteligencia era “alarmante”, no constituía evidencia suficiente para emitir una acusación legal directa contra Israel. Argumentaron que faltaban datos verificables sobre intencionalidad, un requisito central en el derecho internacional para clasificar un acto como crimen de guerra.
Un informe legal que evitó la condena… pero dejó dudas
En mayo de 2024, el gobierno estadounidense publicó un informe muy esperado sobre la conducta israelí en Gaza. El documento evitó atribuir violaciones directas al derecho internacional, citando la “niebla de la guerra” y la dificultad de obtener información verificable.
Sin embargo, ahora se sabe que dicho informe fue redactado mientras existían ya múltiples señales internas de preocupación legal. Según los exfuncionarios, hubo un retraso deliberado en la distribución de algunos informes de inteligencia más sensibles, que recién fueron compartidos ampliamente dentro del gobierno a finales de 2024.
La cuestión de las armas estadounidenses
Una parte crítica de la preocupación en Washington era que numerosas operaciones discutidas por los abogados israelíes involucraban armamento de fabricación estadounidense: Bombas guiadas, municiones de precisión, sistemas de vigilancia, inteligencia táctica compartida.
Si dichas armas se usaron en operaciones que pudieran clasificarse como crímenes de guerra, la responsabilidad política —e incluso parcial— podría alcanzar a Washington, al menos en el plano de la opinión pública internacional.
Implicancias internacionales y jurídicas
Analistas coinciden en que estas revelaciones tienen un peso considerable:
Para Israel: La existencia de advertencias internas refuerza los argumentos de organismos internacionales y de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya investiga presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Para EEUU: El hallazgo tensiona su posición, ya que debe equilibrar su alianza estratégica con Israel con el respeto al derecho internacional y las normas sobre transferencia de armamento.
Para el conflicto en Gaza: Las revelaciones pueden intensificar la presión diplomática para una mayor supervisión del accionar israelí y la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas.
Para la narrativa pública: El hecho de que abogados militares israelíes —y no solo organismos internacionales— advirtieran sobre posibles crímenes de guerra es un golpe serio para la credibilidad del discurso oficial israelí.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, así como contra el líder de Hamás, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el conflicto de Gaza. Hamás confirmó posteriormente que Israel asesinó a Deif.
Israel ha rechazado la jurisdicción del tribunal de La Haya y niega haber cometido crímenes de guerra en Gaza. Los líderes de Hamás han desestimado las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra.
Entre los temas debatidos por funcionarios estadounidenses en las últimas semanas de la administración Biden figuraba si el gobierno sería cómplice en caso de que funcionarios israelíes enfrentaran cargos ante un tribunal internacional, según personas familiarizadas con este debate.
Los funcionarios estadounidenses defendieron públicamente a Israel, pero también debatieron el tema en privado a la luz de los informes de inteligencia, lo que se convirtió en un punto débil para los demócratas. Biden y, posteriormente, la vicepresidenta Kamala Harris llevaron a cabo campañas presidenciales que, en última instancia, no tuvieron éxito.
El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen, crítico de la campaña israelí en Gaza, de sus restricciones a la ayuda a los civiles palestinos y del apoyo estadounidense a la operación, afirmó que el informe de Reuters subrayaba “un patrón de ceguera deliberada por parte del gobierno de Biden con respecto al uso y abuso de armas estadounidenses en Gaza”.
“El gobierno de Biden deliberadamente miró hacia otro lado ante la abrumadora evidencia de que se estaban cometiendo crímenes de guerra con armas estadounidenses en Gaza”, dijo Van Hollen, de Maryland, a Reuters.
El ejército israelí afirma que busca minimizar los daños a civiles al atacar a militantes atrincherados en hospitales, escuelas y refugios, utilizando advertencias y municiones apropiadas. Un oficial militar israelí declaró a Reuters en septiembre que el ejército estaba investigando cerca de 2.000 incidentes de posible mala conducta, incluyendo muertes de civiles y daños a la infraestructura.
Algunos casos salieron a la luz a través del caso de genocidio presentado ante la Corte Internacional de Justicia, dijo el funcionario.
Un tema que sigue abierto
Aunque el gobierno de EEUU decidió no dar un paso formal hacia la sanción o restricción militar a Israel, la existencia de advertencias internas dentro de las propias FDI abre un debate profundo sobre la conducta en operaciones militares, la transparencia jurídica y la responsabilidad de los aliados.
Los exfuncionarios que filtraron esta información describen las señales como “graves” y “difíciles de ignorar”. Para la comunidad internacional, estas revelaciones pueden marcar un antes y un después en la evaluación del conflicto y en el escrutinio del accionar israelí.
