En un giro que más parece un mal chiste de la justicia mexicana, Silvia Delgado García, la exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido designada como juez penal en Ciudad Juárez, bajo la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar (Morena) y la presidencia de Claudia Sheinbaum (Morena). Un cargo que, en teoría, debería inspirar confianza y respeto por la ley, pero que despierta más bien incredulidad, indignación y una saludable dosis de escepticismo ciudadano.
Esta abogada, cuyo historial ya estaba manchado por haber defendido al capo más notorio del país, no se limitó a los estrados del narcotráfico. En un episodio particularmente cuestionable, demandó al activista Miguel Meza, obteniendo sus datos personales mediante recursos del propio gobierno. La noticia, reportada por medios locales y nacionales, dejó claro que no solo se movía con audacia en defensa de criminales, sino que también sabía maniobrar las sombras del poder institucional en su beneficio.
No es trivial que una figura con semejante recorrido asuma un cargo tan sensible. La justicia no es solo un tribunal, es la última muralla contra la arbitrariedad. Sin embargo, Ciudad Juárez, ya golpeada por décadas de violencia y corrupción, ahora tiene en sus manos a una jueza cuyo pasado plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que su imparcialidad no estará teñida por ambiciones, lealtades ocultas o viejas deudas?.
El contexto político no ayuda a calmar estas suspicacias. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, gobierna la ciudad mientras la presidenta Claudia Sheinbaum (Morena) supervisa desde la capital. Como bien dijo Andrés Manuel López Obrador durante su campaña: “Nada de lo que pasa en México ocurre sin que el presidente lo sepa”. Si se toma esa declaración como cierto, entonces la designación de esta jueza no es un accidente ni una omisión, sino una decisión que refleja cómo el poder puede jugar con la justicia como si fuera un tablero de ajedrez.
La ciudadanía merece preguntas, no excusas. Y mientras algunos celebran la “trayectoria profesional” de la jueza, otros recordamos que defender a criminales notorios y manipular recursos gubernamentales para demandar a activistas no es precisamente un récord de honor. Este nombramiento, en suma, se siente como otra capa de desilusión en un sistema que ya ha demostrado demasiadas veces su facilidad para traicionar la confianza pública.
Ciudad Juárez y México entero deben observar de cerca. La justicia no es una etiqueta ni un currículum; es acción, rigor y compromiso con la verdad. Y en este caso, todo indica que la imparcialidad tendrá que luchar contra fantasmas del pasado, influencias políticas y decisiones que más parecen jugarretas que actos de justicia.
