Soy profesor universitario por concurso de la UNC desde hace más de un cuarto de siglo, por lo que conozco sobre lo que me propongo escribir.
Antes de ser docente (el que da ciencia), hice el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat, institución pública dependiente de la UNC, y puedo decir sin ruborizarme que fui a uno de los mejores colegios de la Argentina en ese momento, sin pagar un peso.
Luego, comencé mis estudios en la UNC, recibiéndome de abogado 5 años después, de modo tal que también como estudiante, conocí lo que era la universidad pública y politizada de aquellos años.
En conclusión: desde los 12 años vengo recibiendo y dando educación pública, y me considero un privilegiado.
El primer semestre del 2024 había transcurrido con cierta normalidad en la facultad, pero de repente, apareció el conflicto de las universidades con el Gobierno Nacional por los sueldos, sueldos que demás está decir, son muy bajos, eso no está en discusión.
A pesar de que los salarios no le alcanzan a la mayoría de las personas en la Argentina, parecería que el único conflicto por el salario mínimo, vital e “inmóvil” es el del Gobierno Nacional con las Universidades. Pero, ¿Cuándo empezó todo esto?
Según la versión de los que proponen la toma de las universidades y el paro activo, todo inicia con el gobierno de Milei. Para atrás no hubo nada, o mejor dicho, antes todo habría sido mejor.
Parecería que como lo sostenía el revolucionario abate Sieyés en su panfleto: “¿Qué es el Tercer Estado?”, “La historia comienza en 1789”, para atrás no hubo nada, por eso había que borrar toda referencia al pasado. La historia empieza con la Revolución Francesa, y listo.
Estos Sieyés modernos que hoy marchan por (la supuesta) “defensa de la universidad pública y gratuita”, al igual que el astronauta Jack Swigert del Apolo 13, de repente descubren que: “Houston, tenemos un problema” en las universidades. Antes, una vez más, no hubo nada.
No hace falta ser muy astuto para darse cuenta que el problema de fondo es por las auditorías que el Poder Ejecutivo quiere realizar sobre los gastos de las Casas de Altos Estudios.
Y está muy bien que sean auditadas externamente. ¿Si no tienen nada que ocultar, cuál es el problema? La autonomía financiera de las universidades no es un cheque en blanco para que los rectores hagan lo que quieran con el dinero que reciben de los contribuyentes de todo el país.
Y el fogoneo de todo este conflicto viene de la mano de la Izquierda Progre, Izquierda que en las elecciones generales no llega ni al 5% de los votos, pero que en las universidades manejan el “aparato”.
Sus dirigentes no estudian nunca, ni se les exige contraprestación alguna, pero se autoperciben como “estudiantes”, y así hay que llamarlos, aunque tarden diez años y más en recibirse de lo que sea.
Pero hay esperanza para el futuro: Hace dos semanas en la Asamblea de la Facultad de Derecho, los estudiantes se reunieron para decidir si se tomaba o no la facultad: sorpresiva y mayoritariamente, triunfó la postura de no tomarla, seguir con el dictado de clases y paralelamente continuar con los reclamos por los salarios docentes.
Por los motivos que sean, esta generación menos contaminada por las ideas del terrorista Che Guevara y de la Izquierda en general, sabe que para entrar en el Poder Judicial donde tienen buenos sueldos, por ejemplo, deben obtener un buen promedio en la carrera, y entienden que la suspensión de las clases, únicamente los perjudicaría a ellos.
Quizás no saben qué es eso de la “lucha de clases”, de Marx, pero sí saben que su primera lucha debe ser por tener clases en el aula. Bienvenido sea el cambio.
Diego García Montaño
Abogado- Doctor en Derecho- Profesor por concurso de la Facultad de Derecho- Universidad Nacional de Córdoba