El texto amplía el rango de “cuidadores” no padres que pueden asumir la autoridad sobre decisiones médicas, eliminando en la práctica el requisito de la autorización paterna.
El proyecto, conocido como Ley del Plan de Preparación Familiar de 2025[1], fue presentado inicialmente bajo el argumento de atender casos en los que un padre no pudiera estar disponible por motivos de inmigración. Sin embargo, como siempre, la izquierda utiliza la excepción como camino a imponer una nueva regla. El alcance final de este proyecto va mucho más allá de lo estipulado porque la medida “revisaría la definición de familiar para ampliar el tipo de familiar que está autorizado a ejecutar una declaración jurada de autorización del cuidador y otorgarle los mismos derechos para autorizar la atención médica relacionada con la escuela, según se define, para el menor que se les dan a los tutores”.
En la práctica, esto significa que las menores podrían someterse a abortos con la aprobación de una amplia gama de parientes, mientras los padres legítimos quedan al margen. Es básicamente un concepto de “pariente” estirado hasta el límite. La nueva definición de “pariente” incluye a un “adulto que está relacionado con el niño por sangre, adopción o afinidad dentro del quinto grado de parentesco, incluyendo todos los padrastros, hermanastros y todos los parientes cuyo estado está precedido por las palabras ‘bisabuelo’, ‘tatarabuelo’ o ‘abuelo’, o el cónyuge de cualquiera de las personas especificadas en esta definición, incluso después de que el matrimonio haya sido terminado por muerte o disolución”. Una versión inicial del proyecto iba todavía más lejos, ya que habría permitido que vecinos, maestros y personas sin ningún vínculo familiar calificaran como “cuidadores”. Aunque esa cláusula fue eliminada tras la presión pública, la esencia del problema persiste.
Jonathan Keller, presidente y director ejecutivo del Consejo de Familia de California, lo advirtió con claridad en declaraciones a The Washington Stand[2]: “Aunque oficialmente han eliminado esa cláusula y afirman que no se permitirá la participación de personas que no sean familiares, lo cierto es que, en primer lugar, no se necesita la firma de los padres. Así que, bueno, sí, es fantástico que, en teoría, no pueda hacerlo cualquier persona de la calle. Pero si se elimina la firma, eso sigue siendo, fundamentalmente, un atentado contra los derechos de los padres”.
Peor aún, la ley no incluye ningún mecanismo de verificación real. Keller añadió: “Además, la nueva versión seguirá sin requerir verificación ni certificación notarial. No hay forma de comprobar que la persona que presenta la declaración jurada sea quien dice ser. En esencia, lo que se quiere decir es que, aunque alguien tenga que decir que no es un familiar no familiar, ¿cómo se prueba que esa persona no lo es?”.
La medida ahora aguarda la firma del gobernador demócrata Gavin Newsom, abiertamente proaborto y representante de la izquierda más radical. Es casi seguro que promulgue la ley, aunque algunos analistas sugieren que podría empezar a contener ciertos excesos legislativos si pretende construir una plataforma para una campaña presidencial en 2028. De todos modos, si se convierte en ley, la norma abrirá la puerta a que cualquier familiar (incluso de matrimonios rotos o ya extinguidos) pueda autorizar abortos a menores sin el conocimiento de los padres biológicos. En el mejor de los casos, se trata de un debilitamiento extremo de la autoridad paterna; en el peor, de un instrumento que facilitaría a familiares abusivos encubrir y perpetuar situaciones de violencia.
No se puede negar la presión de la industria del aborto y la sombra del encubrimiento. Los promotores del aborto suelen rechazar cualquier requisito de notificación a los padres, presentándolo como un “obstáculo”[3]. Sin embargo, en la práctica, esos mecanismos son fundamentales para impedir que abusadores sexuales utilicen el aborto como vía para ocultar sus crímenes. Investigaciones encubiertas del grupo provida Live Action han revelado que empleados de Planned Parenthood han llegado a cooperar en este tipo de encubrimientos, permitiendo que menores abusadas aborten sin exponer la situación[4]. La nueva legislación californiana, en vez de reforzar las garantías de seguridad, elimina los frenos y deja el terreno fértil para estas prácticas.
Se trata claramente de una estrategia nacional del lobby abortista. Mientras tanto, el movimiento provida ha logrado avances en doce estados, que ya han prohibido todos o la mayoría de los abortos[5]. Pero la industria abortista responde con una estrategia coordinada que incluye distribución interestatal desregulada de píldoras abortivas, protección legal y apoyo financiero para viajes interestatales con fines de aborto, construcción de centros de aborto cerca de las fronteras entre estados provida y proaborto y la conversión de estados liberales en “santuarios” para quienes buscan evadir las leyes provida.
Para los izquierdistas el objetivo final es claro por cuanto se trata de blindar el aborto en las constituciones estatales y debilitar de manera sistemática toda forma de participación de los padres o de límites legales a la práctica.
[1] Fuente: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202520260AB495
[2] Fuente: https://washingtonstand.com/article/california-bill-stripping-away-parental-rights-reaches-newsoms-desk-
[3] Fuente: https://www.lifesitenews.com/news/idaho-mother-son-charged-for-taking-15-year-old-rape-victim-to-oregon-for-secret-abortion/
[4] Fuente: https://www.lifesitenews.com/news/new-video-exposes-planned-parenthood-efforts-to-bankrupt-abuse-victims-in-c/
[5] Fuente: https://www.lifesitenews.com/news/map-most-abortions-are-banned-in-12-states/
