La normativa contempla también la expulsión de extranjeros reincidentes, marcando un endurecimiento significativo del marco legal en materia de derechos sexuales en el país.
La nueva legislación modifica el Código de la Familia y las Personas, aprobado previamente por la junta militar que asumió el poder tras el golpe de Estado de 2022, liderado por Ibrahim Traoré. El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, defendió la medida argumentando que busca proteger los «valores tradicionales» de Burkina Faso frente a lo que considera influencias extranjeras. Según las autoridades, esta legislación responde a una demanda interna por preservar la identidad cultural y moral del país.
Al mencionar “frente a influencias extranjeras”, el ministro señala que considera que ciertas corrientes externas, principalmente provenientes de países occidentales o de organismos internacionales, han promovido modelos sociales y derechos que contrastan con estos valores locales. Esto refleja una narrativa frecuente en algunos gobiernos africanos y de otras regiones: la idea de que leyes y normas extranjeras, especialmente relacionadas con derechos LGBTQ+, podrían socavar la cohesión social o la identidad cultural autóctona.
Combina así, una defensa de la soberanía nacional con una estrategia política interna: apela al sentimiento de preservación cultural y religiosa para ganar respaldo de sectores conservadores de la población. Al mismo tiempo, desplaza la responsabilidad del retroceso en derechos humanos hacia lo que se percibe como una “influencia externa”, en lugar de confrontar directamente las implicaciones legales y sociales de la ley.
La comunidad LGBTQ+ en Burkina Faso ha manifestado profunda preocupación ante la ley, temiendo persecuciones, estigmatización y la ruptura de redes de apoyo fundamentales para su seguridad y bienestar. Algunos miembros del colectivo han indicado sentirse obligados a ocultar su orientación sexual, mientras que otros consideran la posibilidad de abandonar el país ante el creciente clima de hostilidad.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la ONU y Amnistía Internacional, han condenado la aprobación de esta ley, señalando que contraviene tratados internacionales ratificados por Burkina Faso y representa un retroceso en materia de derechos fundamentales. Los críticos advierten que la criminalización de la homosexualidad no solo vulnera la libertad individual, sino que además aumenta la vulnerabilidad de comunidades ya marginadas.
Con esta legislación, Burkina Faso se suma a más de 60 países que criminalizan las relaciones homosexuales. En algunos de estos Estados, las penas incluyen castigos aún más severos, incluyendo la pena de muerte. El endurecimiento de la ley ha generado debates sobre la tensión entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como sobre el impacto social de medidas que estigmatizan a minorías sexuales.
