Una combinación suba de impuestos por inflación, más presión impositiva para el campo y un endeudamiento millonario. Ese esquema quedó planteado en el proyecto de Ley Impositiva 2024.
En la Legislatura provincial el gobierno deberá afrontar a una oposición integrada por los libertarios, divididos en varios bloques en diputados, y JxC que no armó una bancada unificada, para conseguir los votos y aprobar este paquete de aumentos en los gravámenes que administra la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).
El objetivo es obtener recursos para equiparar la casi segura suspensión de los aportes que Nación giraba todos los años a Buenos Aires. En 2023, Kicillof habría recibido más de $623 mil millones de Nación, más de la mitad de lo que se repartió al resto de las jurisdicciones.
“Habrá más presión sobre los gravámenes que impactan sobre los patrimonios”, es el argumento del oficialismo provincial para reforzar la presión impositiva sobre el campo. Según surge del artículo 139 de la Ley Impositiva, los dueños de tierras con valuación fiscal superior a $39 millones tendrán que pagar una cuota más del inmobiliario rural. Ese impuesto se liquida en cuatro cuotas. El adicio-nal serán sobre fines de 2024, explicaron.
Contempla un pedido de autorización para modificar el valor de los impuestos provinciales según los índices inflacionarios, ante la certeza de una escalada de los precios de la economía doméstica.
Será para las partidas del inmobiliario urbano y para el impuesto a los automotores (Patentes). También se eliminaría la posibilidad de cancelar todo en una sola cuota, como rige hasta ahora, con un beneficio por pago anticipado. El texto incluye el mismo criterio de “progresividad” argumentan en el gobierno provincial.
El proyecto establece topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los contribuyentes tendrá aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendrá subas del orden del 300%, se estima. Los nuevos valores entrarían en vigencia desde el 1° de enero.