Moscú podría interpretar una eventual confiscación como una nueva escalada en su confrontación con Europa.
La financiación de Ucrania está entrando en una etapa particularmente delicada para la Unión Europea. Mientras la guerra continúa y Kiev necesita recursos para sostener sus fuerzas armadas, mantener funcionando su administración pública y reparar una infraestructura energética sometida a constantes ataques rusos, varios gobiernos europeos están reconociendo las dificultades para continuar financiando el esfuerzo mediante sus propios presupuestos nacionales. En este contexto, una propuesta que hasta hace poco encontraba importantes resistencias vuelve a ganar protagonismo: utilizar los aproximadamente 210.000 millones de euros pertenecientes al Banco Central de Rusia que permanecen inmovilizados en territorio europeo.
La discusión adquirió una nueva dimensión durante los últimos días a partir de las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Durante su intervención en Lisboa, el 5 de noviembre, junto al Ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, Kallas reconoció las dificultades presupuestarias de los países europeos y defendió que Rusia debe asumir los costos de la destrucción provocada en Ucrania. La frase que comenzó a circular posteriormente resume el tono de su planteamiento: «Todos nuestros países están luchando con el presupuesto. Rusia debería pagar por los daños. Tenemos los activos, entonces surge la pregunta: ¿por qué no simplemente los tomamos?».
Kallas ocupa uno de los cargos diplomáticos más importantes de la Unión Europea y sus declaraciones reflejan una discusión que ya no está limitada a determinados sectores políticos o a los países más comprometidos con el respaldo militar a Kiev. La posibilidad de utilizar el patrimonio ruso inmovilizado vuelve a estar sobre la mesa como una alternativa para reducir la presión sobre los contribuyentes europeos y garantizar que Ucrania disponga de recursos durante los próximos años. Sin embargo, la propia posición europea todavía distingue entre mantener los activos congelados, utilizar los beneficios extraordinarios que generan y transferir directamente el capital ruso. Son operaciones jurídicamente diferentes y la última continúa sin contar con una autorización definitiva.
SUECIA, POLONIA, ESPAÑA Y PAÍSES BAJOS PRESIONAN PARA UTILIZAR EL DINERO RUSO
El impulso político tiene antecedentes concretos. El 27 de agosto, los ministros de Exteriores de Suecia, Polonia, España y Países Bajos enviaron una carta conjunta a Kaja Kallas y a la entonces presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea solicitando reabrir el debate sobre la utilización de los activos rusos inmovilizados. Los cuatro gobiernos argumentaron que Rusia debe pagar por la destrucción que provocó en Ucrania y que recurrir a esos recursos permitiría reducir la carga financiera sobre los contribuyentes europeos.
La iniciativa también planteó distribuir entre todos los Estados miembros los riesgos jurídicos y financieros de una eventual operación. Esto constituye una referencia directa a las objeciones de Bélgica, país donde se encuentra Euroclear, la entidad financiera que concentra la mayor parte de los activos rusos congelados en Europa. Los cuatro ministros solicitaron que la Comisión Europea estudiara nuevas alternativas técnicas y jurídicas para utilizar esos fondos sin que ningún Estado miembro tuviera que asumir una responsabilidad desproporcionada.
El 9 de noviembre, la Ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, volvió a defender públicamente la iniciativa durante un discurso en la Universidad de Tallin, Estonia. Sostuvo que existen tres vías principales para incrementar el respaldo a Ucrania —la asistencia bilateral, los préstamos europeos y la utilización de los activos rusos congelados— y cuestionó a los gobiernos y partidos que se oponen a las tres alternativas.
Stenergard afirmó que utilizar esos recursos supondría un «cambio radical» para Ucrania y reclamó que la Comisión Europea presente una nueva propuesta. También insistió en que, si Rusia inicia una batalla judicial, los riesgos deben ser compartidos por todos los Estados miembros. En su argumentación, vinculó directamente la guerra de Ucrania con las operaciones hostiles atribuidas a Rusia en territorio europeo, mencionando los incidentes de sabotaje registrados en Alemania y Estonia. Su planteamiento es que financiar la resistencia ucraniana no representa únicamente una cuestión de solidaridad con Kiev, sino también una inversión en la seguridad europea.
MERZ ELEVA LA PRESIÓN: ALEMANIA CONDICIONA EL PRESUPUESTO EUROPEO AL FINANCIAMIENTO DE UCRANIA
A estas declaraciones se sumó un movimiento político de Friedrich Merz. El canciller alemán advirtió este 9 de noviembre que podría bloquear las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea, correspondiente al período 2028-2034, si los Estados miembros no se comprometen a garantizar la financiación de Ucrania a partir de 2027.
Según una información publicada por el Financial Times, Merz envió una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que condicionó el avance de las negociaciones presupuestarias a un compromiso colectivo para cubrir las necesidades financieras ucranianas. El dirigente alemán sostuvo que todos los países deben contribuir de manera justa a cerrar el déficit de financiación de Kiev.
La posición alemana adquiere especial relevancia porque Alemania es el principal contribuyente neto al presupuesto comunitario. Merz también pretende que las futuras decisiones sobre financiación de Ucrania puedan adoptarse mediante mayoría cualificada, reduciendo la capacidad de determinados gobiernos de bloquear individualmente nuevas medidas de asistencia.
EL PROBLEMA FINANCIERO DE UCRANIA: LOS 90.000 MILLONES DE EUROS PODRÍAN NO SER SUFICIENTES
Detrás de esta ofensiva diplomática existe un problema económico considerable. La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania destinado a cubrir necesidades de financiación durante 2026 y 2027. Sin embargo, las necesidades adicionales proyectadas para 2027 están obligando a los gobiernos a discutir nuevas fuentes de recursos.
Las estimaciones difundidas el 9 de noviembre sitúan en aproximadamente 70.000 millones de euros las necesidades adicionales de financiación ucranianas para 2027. La Unión Europea ya contempla cubrir alrededor de 45.000 millones, mientras la Comisión Europea estudia otras alternativas, entre ellas nuevas emisiones de deuda conjunta.
La situación es especialmente compleja porque el dinero no se necesita exclusivamente para comprar armamento. Ucrania debe sostener salarios públicos, pensiones, servicios esenciales, infraestructura energética, transporte, logística y el funcionamiento general del Estado. Al mismo tiempo, necesita financiar la producción militar, adquirir municiones, drones, misiles y sistemas de defensa aérea.
La retirada de buena parte de la asistencia estadounidense desde 2025 incrementó la responsabilidad financiera europea. Esto obliga a los gobiernos comunitarios a encontrar mecanismos que permitan mantener el respaldo a Kiev sin trasladar indefinidamente todos los costos a sus propios presupuestos nacionales.
Las dificultades también tienen una dimensión política. Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y República Checa han manifestado reservas sobre nuevas contribuciones financieras. En consecuencia, el problema no consiste solamente en encontrar dinero, sino en conseguir que los 27 Estados miembros acepten una fórmula de financiación sostenible.
LOS 210.000 MILLONES DE EUROS Y EL TEMOR DE BÉLGICA A LAS REPRESALIAS RUSAS
Los activos rusos inmovilizados en la Unión Europea representan aproximadamente 210.000 millones de euros. De ese total, alrededor de 185.000 millones se encuentran depositados en Euroclear, en Bélgica. Se trata principalmente de reservas pertenecientes al Banco Central de Rusia que fueron inmovilizadas tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
Hasta ahora, Europa ha utilizado los beneficios extraordinarios generados por esos activos para contribuir a la financiación ucraniana y al pago de préstamos internacionales. Sin embargo, utilizar los intereses no equivale a confiscar el capital original.
La segunda alternativa, mucho más controvertida, consiste en utilizar directamente el capital ruso o emplearlo como respaldo de un mecanismo financiero de mayor alcance. Una fórmula de préstamo de reparaciones permitiría proporcionar recursos a Ucrania y condicionar su devolución al pago de indemnizaciones por parte de Rusia.
El principal obstáculo sigue siendo Bélgica. Su gobierno teme que una confiscación o utilización directa de los fondos genere demandas judiciales rusas, represalias contra intereses económicos occidentales y consecuencias para la credibilidad del sistema financiero europeo. También reclama garantías compartidas para evitar que el país tenga que asumir individualmente las consecuencias de una decisión adoptada por toda la Unión.
La preocupación belga no es nueva. En septiembre, el Ministro de Exteriores Maxime Prévot reiteró que las razones de su oposición no habían desaparecido y advirtió que un procedimiento equivalente a una confiscación implicaría riesgos muy importantes. Bélgica también sostiene que mantener los activos inmovilizados conserva una herramienta de presión para futuras negociaciones.
MOSCÚ PODRÍA INTERPRETAR LA CONFISCACIÓN COMO UNA NUEVA ESCALADA
Desde la perspectiva rusa, la confiscación de reservas soberanas constituiría una decisión cualitativamente diferente de las sanciones económicas que ya soporta. El Kremlin argumentará que Occidente está apropiándose unilateralmente de patrimonio estatal ruso y utilizar esa decisión para justificar nuevas represalias.
Entre las respuestas posibles se encuentran la confiscación de activos occidentales que todavía permanecen en Rusia, restricciones a empresas europeas, demandas judiciales y nuevas medidas de presión económica. Tampoco puede descartarse que Moscú incremente como represalia las operaciones de inteligencia, las actividades cibernéticas o acciones de desestabilización contra intereses europeos.
La dimensión militar es más delicada. En un escenario de creciente confrontación entre Rusia y los países europeos, una decisión de semejante magnitud podría incorporarse a una cadena de represalias y respuestas políticas.
Esto adquiere especial relevancia en el contexto del Mar Báltico, donde ya existen tensiones por incidentes de sabotaje, infraestructuras críticas, movimientos militares y acusaciones de operaciones híbridas. La propia ministra sueca vinculó en su discurso del 9 de noviembre la guerra en Ucrania con las actividades hostiles atribuidas a Rusia en territorio europeo.
UNA DECISIÓN QUE PODRÍA CAMBIAR LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA EN 2027
Por un lado, sus principales dirigentes sostienen que la seguridad del continente depende de impedir una derrota ucraniana y de mantener la presión sobre Moscú. Por otro, reconocen que sus presupuestos nacionales tienen dificultades para sostener indefinidamente ese compromiso.
La utilización de los activos rusos aparece entonces como una posible salida financiera y, al mismo tiempo, como un instrumento de presión geopolítica. Si Bruselas consigue establecer un mecanismo jurídicamente defendible y distribuir los riesgos entre los Estados miembros, podría disponer de una fuente de financiación considerable para sostener a Ucrania durante los próximos años.
Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva para confiscar y transferir directamente el capital ruso. El préstamo europeo de 90.000 millones aprobado para 2026-2027 se financia mediante endeudamiento de la Unión Europea, mientras que el uso directo de las reservas rusas continúa siendo objeto de discusión.
Las próximas semanas serán clave. Los gobiernos europeos deberán resolver cómo cubrir las necesidades financieras de Ucrania para 2027 y cómo evitar que las diferencias internas bloqueen una nueva estrategia de financiación. La posibilidad de recurrir a los activos rusos seguirá condicionada por la posición belga, las garantías jurídicas y el consenso político necesario.
Kallas urges the EU to steal frozen Russian assets, saying all EU countries ‘are struggling with budget’.
What does Russia have to do with it? Did we impose sanctions on ourselves, reject cheap Russian energy, and pour taxpayers’ money into propping up the Kiev regime? https://t.co/l0MzWnAHcN
— Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) November 9, 2026
Fuentes:
- Kaja Kallas, Lisboa, 5 de noviembre: Transcripción y contexto de sus declaraciones sobre los activos rusos.
- Suecia, 9 de noviembre: Discurso oficial de Maria Malmer Stenergard en Tallin.
- Carta conjunta de Suecia, Polonia, España y Países Bajos: Documento oficial del Gobierno neerlandés, 27 de agosto.
- Friedrich Merz, 9 de noviembre: Información sobre la carta de Merz y el presupuesto europeo.
- Bélgica y sus objeciones: Euronews: Bélgica rechaza la confiscación de activos rusos.
- Situación financiera europea y necesidades de Ucrania: Carnegie Endowment: Europe Struggles to Sustain Support for Ukraine.
