La extrema izquierda proclama que Berlín se convertirá en un «refugio seguro» para los nuevos migrantes: «Crearemos programas de admisión a nivel estatal y reactivaremos programas de admisión caducados que permitirán a las personas necesitadas entrar en Berlín de manera segura».
El 18 de octubre de 2026, Die Linke, el SPD y Los Verdes acordaron las líneas generales de un posible gobierno conjunto, aunque todavía no habían completado la formación de la coalición.
La candidata de Die Linke, Elif Eralp, es abogada y política de origen familiar turco. Su campaña se centró especialmente en el encarecimiento de los alquileres, la desigualdad y el poder de las grandes empresas inmobiliarias.
Berlín ya es una ciudad con una población internacional numerosa, un mercado inmobiliario muy tensionado y un electorado joven importante. Die Linke consiguió convertir la vivienda en el eje de una campaña que conectó los problemas cotidianos con una propuesta de mayor intervención estatal.
Nacionalización de viviendas
El acuerdo preliminar establece que las grandes empresas inmobiliarias con más de 10.000 viviendas en Berlín podrían ver sus propiedades transferidas a una entidad pública. La compensación económica estaría limitada a 16.000 millones de euros.
Los principales detalles son:
- Umbral: empresas con más de 10.000 viviendas en la ciudad.
- Alcance estimado: aproximadamente 160.000 viviendas de cinco grupos empresariales.
- Excepciones: cooperativas y entidades orientadas al bien común, además de viviendas construidas a partir del 1 de enero de 2021.
- Calendario previsto: presentar el proyecto de ley a mediados de 2028, con entrada en vigor no antes de mediados de 2029.
- Fundamento jurídico: el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que contempla la socialización de determinados bienes y medios de producción mediante una ley que regule la compensación.
La novedad política es que el SPD, que anteriormente se había opuesto a las expropiaciones, aceptó incorporarlas al documento de negociación con sus socios de izquierda.
La tesis de Die Linke es que la vivienda no debe funcionar exclusivamente como un activo financiero. Según esta perspectiva, las grandes empresas pueden obtener beneficios de la escasez de pisos y de los aumentos de alquiler, mientras los residentes soportan el coste.
La transferencia a una entidad pública permitiría gestionar parte de ese parque inmobiliario con criterios de interés social, en lugar de priorizar la rentabilidad de los accionistas.
Pero existe una controversia económica considerable. El límite de 16.000 millones de euros no elimina el coste de la operación: si la compensación legalmente exigible fuese superior, surgiría un conflicto sobre la viabilidad del plan. Además, habría que financiar la gestión y el mantenimiento de las viviendas.
El canciller Friedrich Merz ha criticado públicamente la iniciativa por sus posibles efectos sobre la propiedad privada y la confianza de los inversores.
En un referéndum celebrado en Berlín en 2021, aproximadamente el 59% de los votos válidos respaldó la propuesta de socializar grandes carteras inmobiliarias. Aquella consulta fue políticamente importante, pero no convirtió automáticamente las viviendas en propiedad pública.
La propuesta actual retoma esa reivindicación con un umbral de 10.000 viviendas, mucho más alto que las 3.000 contempladas en la iniciativa original. Es una concesión a las posiciones más moderadas del SPD.
Derecho de voto para extranjeros después de cinco años
El documento de los tres partidos plantea promover el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones regionales y municipales para las personas que lleven al menos cinco años residiendo en Alemania, independientemente de su nacionalidad. El sufragio pasivo significa, además, poder presentarse como candidato a un cargo electivo.
¿Cuántas personas podrían verse afectadas?: 663.580
Personas sin ciudadanía alemana que llevaban al menos 5 años en Berlín a finales de 2025: 617.445
De ellas, tenían 16 años o más, según las estadísticas citadas por Tagesspiegel.
Datos según las estadísticas de Berlín-Brandeburgo reproducidas por Tagesspiegel el 19 de octubre. No todas estas personas cumplirían necesariamente los requisitos finales de una eventual reforma.
Los ciudadanos de otros países de la Unión Europea ya pueden votar en las elecciones municipales y europeas bajo las condiciones aplicables, pero no por ello adquieren derecho a votar en las elecciones regionales alemanas.
Los ciudadanos de países extracomunitarios no tienen, por regla general, ese derecho electoral municipal en Alemania.
La propuesta berlinesa ampliaría la participación a personas que hoy están excluidas por no poseer la nacionalidad alemana o, en determinados comicios locales, la ciudadanía de otro país de la UE.
Aún así, existe un problema constitucional. El artículo 28 de la Ley Fundamental y la interpretación del artículo 20 sobre la soberanía popular constituyen obstáculos importantes. El servicio científico del Parlamento de Berlín ya había considerado jurídicamente inadmisible extender el sufragio regional y municipal de esta forma, según un análisis publicado por Tagesspiegel.
Existen juristas que discrepan sobre cómo interpretar el concepto constitucional de pueblo, pero la propuesta no puede aplicarse simplemente mediante una decisión del gobierno regional. Una reforma de la constitución de Berlín tampoco resolvería necesariamente las limitaciones impuestas por la Constitución federal.
Inmigración: Berlín quiere convertirse en un «puerto seguro»
La coalición también propone un cambio de orientación en materia migratoria, en contraste con las políticas más restrictivas defendidas por el Gobierno federal de Friedrich Merz.
El documento de negociación contempla varias medidas:
- Reactivar programas regionales de acogida para facilitar la llegada segura de personas en situación de vulnerabilidad, incluidos programas que habían dejado de funcionar.
- Declarar Berlín un sicherer Hafen, expresión que puede traducirse como «puerto seguro» para refugiados.
- Aprovechar al máximo las posibilidades legales para conceder o prolongar permisos de residencia por razones humanitarias.
- Sustituir la tarjeta de pago para solicitantes de asilo por una cuenta bancaria básica que permita retirar efectivo y efectuar transferencias.
La cuestión de las deportaciones merece una precisión: el programa busca reducirlas mediante una aplicación más amplia de las vías legales de residencia y protección. Eso no significa que el gobierno regional pueda anular unilateralmente todas las decisiones de expulsión.
La política migratoria alemana combina competencias federales y regionales. Berlín puede influir en la ejecución de determinadas decisiones, en la administración de los permisos y en sus programas propios de acogida, pero no controla por sí solo las fronteras nacionales ni todo el régimen de asilo.
La tensión política es evidente: mientras el Gobierno federal busca restringir la inmigración irregular, la futura coalición berlinesa pretende dar más peso a la acogida humanitaria y a la integración.
Impuestos más altos y más gasto público
Este punto es especialmente relevante porque conecta las promesas sociales con la capacidad financiera real de Berlín.
El documento fija el objetivo de conseguir al menos 400 millones de euros adicionales al año, especialmente mediante aumentos de impuestos y tasas. También plantea estudiar un impuesto sobre los envases y promover a escala federal un impuesto sobre el patrimonio y una reforma de la tributación de las herencias.
Berlín ya afronta necesidades de ajuste presupuestario. El acuerdo contempla una estrategia de consolidación hasta 2031, con límites al crecimiento del gasto, priorización de partidas y búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. No se trata, por tanto, de un programa que simplemente prometa gastar sin restricciones.
La cuestión económica central será si los ingresos adicionales permiten financiar las políticas sociales y de vivienda sin deteriorar la situación fiscal de la ciudad.
El documento de aproximadamente 30 páginas incluye otras iniciativas:
Construcción de vivienda
Alcanzar 100.000 autorizaciones de construcción hasta 2031, con al menos la mitad de las nuevas viviendas impulsadas por empresas públicas y entidades orientadas al interés general. También se pretende limitar al 2 % anual los aumentos de alquiler en las empresas inmobiliarias públicas regionales.
Presencia de la Bundeswehr en las escuelas
BILD destaca la intención de terminar el acuerdo de cooperación que permite la participación de oficiales de juventud y asesores de carrera de las Fuerzas Armadas alemanas en las escuelas. Se trata de una controversia sobre la educación cívica, el reclutamiento y el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad.
Transporte y movilidad
Priorizar el transporte público, ampliar las infraestructuras ciclistas, abaratar el abono social y frenar la ampliación de la autopista urbana A100.
