A poco más de dos años de haber asumido la presidencia con una de las expectativas de cambio más altas en la historia reciente de Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo navega hoy por aguas turbulentas. Los datos más recientes de mayo de 2026 confirman lo que analistas denominan un «desencanto sostenido»: la desaprobación del mandatario ha escalado hasta el 60.3%, dejando atrás los días de amplia luna de miel con el electorado.
El contraste es marcado. Arévalo, quien inició su gestión con una aprobación superior al 50%, ha visto cómo su capital político se diluye. Según el último informe de CID Gallup, la aprobación apenas roza el 34.9%. Esta caída de casi 20 puntos en menos de dos años responde a una combinación de crisis de infraestructura, inseguridad persistente y una percepción de lentitud administrativa.
El deterioro de la red vial, simbolizado por los constantes problemas en la autopista Palín-Escuintla y las deficiencias críticas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, se ha convertido en el rostro visible de una gestión que muchos ciudadanos perciben como «atada de manos» ante los problemas estructurales.
El bloque de la imagen negativa no solo se alimenta de baches y retrasos. La seguridad ciudadana sigue siendo el «talón de Aquiles». El repunte en las denuncias por extorsión y los ataques armados en zonas urbanas ha generado una sensación de vulnerabilidad que el Ejecutivo no ha logrado mitigar con su narrativa de transparencia.
Con las próximas elecciones generales asomándose en el horizonte de 2027, el gobierno entra en una fase crítica. El desafío para Semilla será convertir sus victorias institucionales en mejoras tangibles para el bolsillo y la seguridad de los guatemaltecos antes de que el desgaste sea irreversible.
