Los datos muestran que más judíos estadounidenses han servido a Israel que al ejército de EEUU.
Algunos legisladores estadounidenses han buscado proteger a los estadounidenses que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que plantea dudas sobre la equidad, ya que los beneficios estadounidenses tradicionalmente dependen del servicio prestado a los EEUU.
En 2024 surgió una iniciativa política concreta para extender ciertas protecciones legales a los estadounidenses que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Ese mismo año, miembros del Congreso presentaron el proyecto de ley HR 8445, que habría modificado la legislación federal para que los ciudadanos estadounidenses que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel pudieran acceder a ciertas protecciones relacionadas con dicho servicio.
Según la legislación vigente, las prestaciones para veteranos estadounidenses están vinculadas al servicio en las fuerzas armadas de EEUU. La definición legal de «veterano» figura en el artículo 101(2) del Título 38 del Código de los EEUU y limita la elegibilidad a quienes prestaron servicio en las fuerzas armadas estadounidenses o a excepciones legales específicas. La propuesta del proyecto de ley HR 8445 se apartaría de este marco.
El debate se centra en si la ciudadanía por sí sola es suficiente para justificar los beneficios que tradicionalmente se obtenían mediante el servicio a los EEUU.
¿Quiénes lo impulsaban y qué decían?
La legislación fue presentada en 2024 por los representantes Guy Reschenthaler (republicano por Pensilvania) y Max Miller (republicano por Ohio – en la foto de portada con Netanyahu). En su declaración oficial, afirmaron que el proyecto de ley tenía como objetivo apoyar a los estadounidenses que prestan servicio en Israel y señalaron que «más de 20.000 ciudadanos estadounidenses están defendiendo actualmente a Israel». Añadieron que la legislación «garantizaría que hagamos todo lo posible para apoyar a estos héroes».
El proyecto de ley se centró en extender dos protecciones legales fundamentales que se aplican a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.
La Ley de Alivio Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA, por sus siglas en inglés) proporciona protecciones tales como límites a las tasas de interés, protección contra el desalojo y la ejecución hipotecaria, y alivio en ciertos procedimientos legales.
La Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados (USERRA, por sus siglas en inglés) garantiza que las personas que abandonan su empleo civil para prestar servicio militar puedan regresar a sus puestos de trabajo y estén protegidas contra la discriminación.
El proyecto de ley HR 8445 habría extendido estas protecciones a los estadounidenses que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), considerando de hecho ese servicio como un servicio militar válido según la ley estadounidense para esos fines.
Comparación con el funcionamiento real de las prestaciones en EEUU
Las prestaciones estadounidenses están vinculadas al servicio prestado a los EEUU. Las prestaciones para veteranos, que incluyen atención médica, compensación por servicio y programas educativos, son administradas por el Departamento de Asuntos de Veteranos y financiadas mediante asignaciones del Congreso que ya superan los 300 mil millones de dólares anuales.
La elegibilidad depende del servicio en las fuerzas armadas estadounidenses, no solo de la ciudadanía. Incluso en casos que involucran a otras fuerzas aliadas, la elegibilidad para cualquier beneficio generalmente solo existe cuando dichas fuerzas fueron incorporadas formalmente al mando estadounidense en tiempos de guerra o reconocidas explícitamente por ley como prestando servicio militar estadounidense, como el Ejército de la Mancomunidad Filipina y las unidades guerrilleras reconocidas durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la ley federal contempla una excepción limitada. Según el artículo 3914 del Título 50 del Código de los EEUU, los ciudadanos estadounidenses que presten servicio en las fuerzas armadas de una nación aliada de los EEUU durante una guerra o acción militar pueden recibir la protección de la Ley de Alivio Civil para los Ciudadanos Estadounidenses (SCRA, por sus siglas en inglés) si su servicio es similar al servicio militar estadounidense. Esta disposición es restrictiva y depende del contexto, aplicándose únicamente cuando la fuerza aliada participa junto a los EEUU en un conflicto que cumpla con los requisitos.
¿Se hace esto para algún otro ejército extranjero?
No existe ningún programa estadounidense comparable que extienda los beneficios de la SCRA, la USERRA o los beneficios para veteranos a los estadounidenses que prestan servicio en fuerzas armadas extranjeras. El marco legal vincula sistemáticamente los beneficios al servicio militar en EEUU. Los estadounidenses han servido durante mucho tiempo en fuerzas armadas extranjeras en diversos contextos, no solo en Israel. Ciudadanos estadounidenses se han unido a fuerzas como la Legión Extranjera Francesa, que recluta explícitamente a extranjeros sin exigirles la ciudadanía.
Países como Australia y Nueva Zelanda también han aceptado reclutas extranjeros, incluidos estadounidenses, en sus fuerzas armadas mediante ciertos programas. Más recientemente, algunos estadounidenses han viajado a Ucrania para combatir a través de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, creada para reclutar voluntarios extranjeros. A pesar de esta práctica arraigada, EEUU no considera que dicho servicio dé derecho a protecciones o beneficios militares.
Lo que los soldados de las FDI ya reciben y quién lo paga
Los soldados de las FDI reciben beneficios de Israel, financiados con su presupuesto nacional. Según los informes, los reclutas reciben estipendios que oscilan entre aproximadamente 1200 y 3000 séqueles israelíes al mes, dependiendo de su función y experiencia.
También reciben ayuda para la vivienda en ciertos casos, beneficios educativos posteriores al servicio militar y acceso a la atención médica a través del sistema nacional israelí. Estos programas se financian con el presupuesto estatal de Israel, que es aprobado por la Knesset. Esto refleja el modelo estándar en el que el servicio militar es remunerado por el país al que se presta.
Costos e implicaciones estructurales
El proyecto de ley HR 8445 se centró en protecciones legales en lugar de pagos directos, por lo que su costo fiscal inmediato sería limitado en comparación con los programas completos de beneficios para veteranos. Sin embargo, la extensión de estas protecciones crea derechos legales exigibles conforme a la legislación estadounidense, incluyendo obligaciones para empleadores e instituciones financieras.
¿Por qué la propuesta es controvertida?
La cuestión central es si las prestaciones estadounidenses deben seguir vinculadas al servicio prestado a EEUU. El sistema actual refleja ese principio. Las prestaciones se obtienen prestando servicio bajo mando estadounidense y se financian con los impuestos de los contribuyentes estadounidenses.
Si bien la legislación vigente contempla protecciones limitadas en virtud de la Ley de Alivio Civil para Estadounidenses (SCRA, por sus siglas en inglés) para los estadounidenses que prestan servicio en fuerzas aliadas bajo condiciones específicas de guerra, dichas protecciones están vinculadas a las operaciones militares estadounidenses. Extender estas protecciones a quienes prestan servicio en un ejército extranjero, independientemente de su conexión operativa, rompería ese vínculo. Esto plantea la cuestión de por qué no debería aplicarse un trato similar a los estadounidenses que prestan servicio en otros ejércitos extranjeros o incluso a quienes desempeñan funciones civiles en el extranjero.
Los críticos argumentan que, una vez que se debilita el vínculo entre las prestaciones y el servicio militar en EEUU, resulta difícil mantener el marco legal de forma coherente.
Fuente: Military.com
