A poco más de un año y medio de haber asumido la presidencia, la gestión de Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus desafíos más punzantes y, hasta ahora, menos resueltos: la crisis de desapariciones en México. A pesar de la narrativa oficial que enfatiza la «Estrategia de Búsqueda y Localización», las cifras frías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan una realidad que no admite otros datos: México sigue siendo un país que devora a sus ciudadanos.
Con un acumulado histórico que ya supera las 132.500 personas desaparecidas, el gobierno federal ha intentado matizar la crisis mediante la reclasificación de expedientes. La administración celebra la localización de 31,000 personas en lo que va del sexenio, pero omite profundizar en la calidad de esas búsquedas. Gran parte de estos «hallazgos» no son producto de operativos en campo, sino de cruces administrativos de bases de datos; personas que aparecen en registros de vacunación o trámites burocráticos, pero cuya seguridad física no siempre es verificada por la autoridad.
Mientras tanto, la realidad en las calles cuenta una historia distinta. Durante el primer año de gestión, se estimó un promedio alarmante de 40 desapariciones diarias, un incremento del 16% respecto al cierre del año anterior. Esta aceleración en la tasa de ausencia sugiere que las causas estructurales de la violencia y el control territorial por parte de grupos criminales permanecen intactas, o peor aún, se han profundizado en estados como Sinaloa, el Estado de México y la capital del país.
Resulta especialmente crítico el uso de categorías como «sin indicios» o «datos insuficientes», que agrupan a casi 90,000 personas. Para los colectivos de madres buscadoras, estas etiquetas no son más que un eufemismo para la inacción estatal. Al clasificar un caso como carente de datos, el Estado traslada la responsabilidad de la investigación a las familias, perpetuando un ciclo de impunidad donde la búsqueda recae en las palas de los civiles y no en la inteligencia de las fiscalías.
Más allá de los nombres y las fechas, el artículo más oscuro de esta gestión es el colapso forense. Con más de 70,000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes, el gobierno de Sheinbaum ha fallado en articular una respuesta nacional que conecte los hallazgos con las denuncias. No basta con «localizar» nombres en una hoja de Excel si miles de restos humanos permanecen en el anonimato por falta de presupuesto y voluntad política para fortalecer los servicios periciales.
En México, desaparecer sigue siendo una posibilidad latente, mientras el Estado se enfoque más en depurar padrones que en detener la maquinaria de la desaparición, la justicia seguirá siendo la gran ausente de este gobierno.
