El acuerdo, que implica la compra del 49% de las acciones, coincidió con la posterior aprobación por parte de la administración Trump de la venta de chips avanzados de inteligencia artificial estadounidenses a los Emiratos Árabes Unidos, una medida previamente denegada por la administración Biden por motivos de seguridad nacional.
Sheikh Tahnoon, un destacado miembro de la realeza de Abu Dhabi y presidente de la firma de inversión de los Emiratos Árabes Unidos MGX, adquirió una participación del 49% en World Liberty Financial, copropiedad de Trump y el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff, cuatro días antes de la toma de posesión de Trump. WLFI aún era una empresa emergente sin productos comerciales sólidos.
Las transacciones fluyeron a través de un vehículo de inversión de Abu Dhabi y parte del dinero (alrededor de 187 millones) fue enviado directamente a entidades controladas por la familia Trump y otros cofundadores.
Meses después, la administración Trump aprobó la venta de chips de IA avanzados fabricados en EEUU a los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de las preocupaciones previas sobre un posible desvío a China.
MGX anunció planes para utilizar un token digital (llamado USD1) acuñado por World Liberty Financial para financiar una inversión de U$S 2 mil millones en el intercambio de criptomonedas Binance.
Que una operación de esta magnitud se cierre usando USD1 le da liquidez significativa, eleva su capitalización de mercado, y puede reforzar su adopción en otros grandes acuerdos.
Expertos en ética y legisladores, incluidos los senadores Elizabeth Warren y Chris Murphy, han dado la alarma sobre el momento y la naturaleza de la inversión, sugiriendo una posible dinámica de pago por juego.
Legisladores como el representante Ro Khanna están presionando para obtener detalles internos de la transacción, cómo se movió el dinero y si hubo violaciones a normas constitucionales o de transparencia.
La Casa Blanca y asesores legales han rechazado las acusaciones de conflicto ético, argumentando que Trump “no participa en la gestión diaria” de sus negocios y que los movimientos de WLFI son independientes de su cargo como presidente.
El eje de la controversia radica en que la inversión fue realizada por un actor que no es un simple empresario, sino un miembro central de la estructura de poder emiratí, con funciones en seguridad nacional y control de fondos soberanos. Que ese capital ingrese a una empresa ligada a la familia del presidente de EEUU, en la antesala o ya durante su mandato, plantea un conflicto de intereses difícil de disimular.
En términos constitucionales, el episodio reactiva el debate sobre la Cláusula de Emolumentos, que prohíbe a funcionarios federales —incluido el presidente— recibir beneficios de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso. Si se demuestra que Trump se benefició directa o indirectamente de esta operación, el problema deja de ser ético y pasa a ser constitucional.
Desde un punto de vista ético e institucional, debió rechazarla, que habría sido la única decisión compatible con el principio de apariencia de imparcialidad, clave en derecho público. Aunque Trump alegue no intervenir en la gestión diaria, la sola existencia del vínculo económico vuelve sospechosa cualquier decisión futura sobre los Emiratos Árabes Unidos.
Incluso si no hubo intención corrupta, el deber del cargo exigía no exponerse. En ética pública, no se juzga solo el dolo, sino la creación deliberada de riesgos institucionales.
¿Negocio legítimo o soborno encubierto?
Para que el caso escale a delito penal, la justicia debería probar un quid pro quo: es decir, que la inversión haya sido realizada a cambio de una decisión política concreta. En este punto, los críticos señalan la coincidencia temporal entre el acuerdo financiero y decisiones posteriores de la administración estadounidense favorables a los Emiratos Árabes Unidos, como autorizaciones tecnológicas sensibles.
La clave jurídica no está en la coincidencia cronológica, sino en la trazabilidad causal. Si se logra demostrar que la inversión fue utilizada como herramienta de influencia política, el escenario podría encuadrar en figuras de soborno, tráfico de influencias o abuso de poder.
No era capital privado común: era realeza gobernante, con poder real sobre seguridad, inteligencia y fondos soberanos. En términos institucionales, eso es dinero estatal extranjero por vía indirecta.
Empresas privadas como vehículos de influencia
Incluso sin un soborno explícito, el caso encaja en una modalidad conocida como “corrupción estructural blanda”: el uso de empresas privadas vinculadas a figuras de poder para canalizar dinero extranjero, diluyendo responsabilidades y dificultando la rendición de cuentas. Este tipo de esquemas, frecuentes en investigaciones internacionales, rara vez se derrumban de inmediato, pero suelen emerger con fuerza años después.
A ello se suma la posible aplicación de la Foreign Agents Registration Act (FARA), que obliga a declarar cualquier actividad de lobby o representación de intereses extranjeros. Si intermediarios, directivos o asesores actuaron sin registrarse, las violaciones legales serían directas y difíciles de justificar.
El daño institucional, aun sin condena
Más allá de su desenlace judicial, el caso ya produce un impacto político profundo. Introduce la sospecha de que la política exterior de EEUU puede verse condicionada por incentivos económicos privados, debilitando la credibilidad institucional y la confianza pública. En muchos sistemas democráticos comparables, una operación de este tipo habría sido directamente ilegal o forzado la renuncia de los involucrados.
En Estados Unidos, donde la frontera entre negocios y política ha sido históricamente más laxa, el episodio vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto un presidente puede beneficiarse de capital extranjero sin comprometer la integridad del cargo?
Hoy, el caso no es todavía una condena, pero sí una bomba de tiempo. Su gravedad no depende de titulares estridentes, sino de lo que futuras investigaciones logren probar sobre intención, beneficio y contraprestación. Si esos elementos aparecen, lo que hoy “parece un delito” podría convertirse en uno de los episodios más serios de corrupción institucional de la política estadounidense reciente.
