Lo que se vendió como un modelo para regular y “hacer seguro” un comercio inevitable ha terminado por normalizar la explotación, atraer criminalidad y fragmentar la cohesión social.
El emblemático distrito de la luz roja de Ámsterdam, conocido internacionalmente por sus ventanas rojas donde miles de mujeres ofrecen servicios sexuales, era visto como la expresión de un enfoque “progresista” capaz de separar la prostitución de fenómenos criminales, traerla al ámbito legal y, en teoría, mejorar las condiciones de quienes se dedican a esta actividad. Sin embargo, dos décadas después, este experimento prueba haber fracasado en sus objetivos fundamentales.
El proyecto más reciente que ilustra esta caída es la propuesta de construir un “mega-burdel” de varias plantas en Ámsterdam, diseñado para albergar a cerca de cien trabajadoras sexuales bajo un mismo techo, con bares, entretenimiento y servicios internos[1]. Las autoridades de la ciudad promueven esta construcción como una forma de “limpiar” y “hacer más seguro” el comercio sexual, supuestamente reduciendo el crimen y la explotación. Pero esta idea es, en realidad, una admisión tácita de que el modelo actual ha fracasado rotundamente.
Es importante recordar que la legalización en Países Bajos no eliminó la explotación ni el crimen organizado del sector. La Ley de Prostitución de 2000 levantó las prohibiciones sobre los burdeles y el proxenetismo, reconociendo la prostitución como una actividad legal y regulada. El objetivo era doble, permitir que quienes voluntariamente vendieran servicios sexuales trabajaran bajo regulación municipal y, simultáneamente, combatir la prostitución forzada y el tráfico de personas.
Con el tiempo, quedó claro que estos propósitos no se han cumplido. Una parte significativa del comercio sexual, incluyendo mujeres que no tienen estatus migratorio legal, no opera de manera regulada, sino que se desplaza a estructuras clandestinas donde las autoridades tienen poca o ninguna visibilidad. Los críticos señalan que la ley creó una distinción artificial entre “voluntario” y “forzado”, condición difícil de certificar en un sector dominado por la vulnerabilidad económica y la coerción encubierta.
Además, la presencia legal del comercio sexual no ha impedido que criminales y redes de explotación lo utilicen como fachada. Incluso en instalaciones legales aparentemente seguras, casos de violencia, tráfico y explotación ocurren con regularidad, lo que demuestra que el marco legal no está suficientemente equipado para erradicar estas prácticas.
Este fenómeno de “normalización” ha tenido consecuencias más amplias para la sociedad neerlandesa. La visibilidad pública del comercio sexual ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en un elemento del paisaje urbano que muchos residentes y visitantes encuentran problemático. Las políticas municipales que buscaban gentrificar zonas como De Wallen han terminado por desplazar parte de la industria, pero también han generado tensiones entre la necesidad de orden urbano y la defensa de libertades individuales.
En definitiva, legalizar la prostitución no es sinónimo de eliminar la explotación. La regulación estatal no ha impedido que la prostitución forzada coexista con redes criminales ni ha garantizado la seguridad de las mujeres involucradas. De hecho, la normalización de la industria cambia las normas culturales y sociales que encubre diversos tipos de violencia sexual. Tratar la prostitución como un “trabajo como cualquier otro” pone dignidad humana asociada a la sexualización del cuerpo como mercancía. Proyectos como mega-burdeles son síntomas de un sociedad hiperestimulda donde prima el rendimiento por sobre el Bien Común. El intento de concentrar la actividad en grandes instalaciones confirma que las políticas existentes no resolvieron ni mitigaron los problemas centrales del comercio sexual; en cambio, señalan un replanteamiento de prioridades públicas que favorece la regulación de mercados antes que la protección de las personas.
La experiencia de Países Bajos demuestra que una política que busca legalizar y gestionar el comercio sexual desde un enfoque utilitario no solo ha fallado en sus metas, sino que ha producido consecuencias sociales indeseables. Quizás sea momento de replantear cualquier modelo que, bajo la bandera de los derechos individuales, termine facilitando condiciones para la explotación, la inseguridad y la degradación social.
[1] Fuente: https://reduxx.info/netherlands-mega-brothels-and-the-failure-of-the-legal-sex-trade/
