Un fuerte debate político y jurídico se ha desatado en EEUU tras la revelación de que la administración del presidente Donald Trump depositó parte de los ingresos obtenidos de la venta de petróleo venezolano incautado en una cuenta bancaria en Qatar, una acción que ha sido duramente criticada por figuras tanto de la oposición como de la propia bancada republicana, entre ellas el congresista Thomas Massie.
La controversia explotó cuando Massie, legislador republicano con historial de defensa del control del gasto federal por parte del Congreso, publicó en la red social X (antes Twitter) un mensaje en términos contundentes: “Vender petróleo robado y depositar miles de millones de dólares en un banco de Qatar para gastarlos sin la aprobación del Congreso no es constitucional. Solo el Congreso puede asignar fondos. El presidente no puede crear legalmente un segundo Tesoro en el extranjero para su propia alcancía. ¡Despierten, Congreso!”.
Selling stolen oil and putting billions of dollars in a bank in Qatar to be spent without Congressional approval is not Constitutional.
Only Congress can appropriate money.
The President can’t legally create a second Treasury overseas for his own piggy bank.
Wake up Congress.
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 20, 2026
Qué llevó al debate: petróleo incautado y venta en el mercado
El origen del debate se remonta a acciones recientes del gobierno estadounidense en Venezuela. Tras una operación militar y política en la que se capturó al presidente Nicolás Maduro y se asumió el control de activos estratégicos, el Ejecutivo estadounidense anunció que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano serían vendidos en el mercado internacional.
La administración Trump defendió la medida como una forma de “bloquear recursos que financiarían el narcotráfico y el terrorismo” y como un mecanismo para generar ingresos que, según la Casa Blanca, serían usados tanto en beneficio del pueblo venezolano como de los estadounidenses.
El primer acuerdo cerrado generó alrededor de 500 millones de dólares, parte de los cuales —según reportes oficiales— fueron depositados en una cuenta controlada por el gobierno de EEUU en un banco con sede en Qatar. Este tipo de arreglo fue presentado por la administración como una manera de proteger los fondos de posibles reclamos de acreedores internacionales y asegurar su disponibilidad para programas de ayuda o reembolso.
La tesis central del mensaje de Massie —y de buena parte de sus críticos— no es solo política, sino constitucional. En EEUU, la Constitución otorga al Congreso la exclusiva potestad para autorizar la recaudación y el desembolso de fondos federales (power of the purse). Las leyes presupuestarias requieren que cualquier gasto del Tesoro sea autorizado por el Legislativo, y este control busca evitar que el Ejecutivo gaste recursos sin supervisión democrática.
Massie sostiene que:
-Sellar y vender activos petroleros sin autorización explícita del Congreso,
-Depositar esas ganancias en una cuenta en el extranjero no regulada por los mecanismos habituales del Tesoro de Estados Unidos,
-Y presumir control directo de esos fondos para decidir su uso,
constituyen una aproximación inconstitucional al ejercicio del poder ejecutivo. Para él, esto equivale a crear “un segundo Tesoro” fuera del alcance de la supervisión legislativa.
La crítica de Massie ha sido acompañada por voces tanto dentro como fuera de su propio partido. La senadora demócrata Elizabeth Warren también ha cuestionado la legalidad de mantener los ingresos de petróleo en cuentas offshore controladas por la administración, señalando que “no hay base en la ley para que un presidente establezca una cuenta offshore bajo su control para vender activos incautados por la fuerza”.
Mientras algunos legisladores plantean que el método podría eludir las salvaguardas presupuestarias del Congreso, otros —incluyendo miembros de la Casa Blanca— defienden la operación como un instrumento temporal para proteger esos recursos de acreedores o litigios y asegurar su eventual uso en ayuda humanitaria o estabilidad económica en Venezuela.
En paralelo, expertos legales han comparado este esquema con programas internacionales como el de la ONU para el petróleo iraquí tras la guerra de 2003, señalando que la falta de transparencia y controles claros puede alimentar la percepción de abuso o mala gestión.
Cuestiones legales y diplomáticas adicionales
La competencia del Ejecutivo para manejar activos extranjeros bajo control militar o político no está sencillamente definida. Las leyes estadounidenses permiten la incautación de activos extranjeros sancionados, pero no están claras ni han sido probadas en relación con la venta directa de recursos naturales y la administración de los ingresos sin atribución presupuestaria del Congreso.
Además, el manejo de esos fondos en Qatar introduce una dimensión internacional, generando inquietudes sobre derechos de acreedores, soberanía de terceros países y cumplimiento de normas financieras internacionales. Algunas analistas han señalado que el uso de cuentas en Qatar revela un “espacio gris” legal que podría complicar la transparencia y vigilancia de los fondos.
La controvertida estrategia de Washington tampoco no ha pasado desapercibida fuera de EEUU. Países que apoyan al gobierno venezolano, así como actores globales escépticos de la intervención estadounidense, han calificado estas acciones como violaciones del derecho internacional o evidencias de neo-intervencionismo económico.
Asimismo, expertos en energía advierten que la conversión de activos petroleros de un país soberano en recursos para otro puede tener implicancias de largo plazo en la confianza de mercados y en el sistema de sanciones globales, además de complicar relaciones con acreedores internacionales.
La administración Trump ha estado negociando la venta de crudo venezolano y otorgando licencias especiales a traders como Vitol y Trafigura para cargar y vender crudo y GPL venezolano que había estado bloqueado por sanciones.
Un informe reciente reveló que la primera venta fue para Vitol, una firma global de comercialización de petróleo cuyo operador principal, radicado en EEUU, y que ha sido un importante donante para la campaña de reelección de Trump.
John Addison, operador senior de Vitol, participó en la obtención de un acuerdo de aproximadamente 250 millones de dólares para petróleo venezolano. Addison donó cerca de 6 millones de dólares a comités de acción política que respaldaron la campaña de reelección de Trump en 2024, incluyendo 5 millones de dólares a Maga Inc. en octubre, según OpenSecrets.
Estas ventas forman parte de un acuerdo oficial entre Estados Unidos y “autoridades venezolanas provisionales” después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 (hechos que han transformado profundamente la política hacia Venezuela).
Según declaraciones oficiales de estas empresas y reportes de prensa, las transacciones se están llevando a cabo dentro del marco de cumplimiento de sanciones y licencias habilitadas por EEUU.
