La represalia arancelaria ha sido el último recurso de Trump por la oposición de los europeos a los esfuerzos de Washington para tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Trump advertido que, de no llegar a un acuerdo para la “compra total y absoluta” de la isla, el arancel aumentaría al 25% a partir del 1° de junio.
La medida aplica a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, todos miembros de la OTAN y socios clave de EEUU, lo que ha generado una crisis sin precedentes en las relaciones transatlánticas.
En la práctica, este arancel adicional sería un castigo económico dirigido no a prácticas comerciales desleales sino a posturas políticas respecto al futuro de Groenlandia, un territorio que ni Dinamarca ni sus habitantes han expresado interés en vender.
Implicaciones en derecho internacional
El derecho internacional económico y el comercio multilateral regulado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) establecen que los aranceles deben tener justificaciones técnicas claras (por ejemplo, prácticas desleales) y no pueden usarse como instrumento de presión política o territorial entre Estados soberanos. Un uso político de esos instrumentos, como parece en este caso, entra en conflicto con principios consagrados de no intervención y de buena fe en relaciones internacionales.
En este sentido, expertos han advertido que la medida se asemeja más a una coerción económica dirigida a influir en decisiones soberanas que a una política arancelaria legítima. Esto podría dar lugar a disputas en el marco de la OMC o la activación de mecanismos defensivos por parte de la UE.
Así lo advirtió la propia Unión Europea, que consideró la amenaza arancelaria como algo que “socavaría las relaciones trasatlánticas y podría desencadenar una espiral descendente peligrosa” en un momento de tensión estratégica entre aliados.
La reacción de Europa ha sido rápida y coordinada. La UE anunció que podría imponer aranceles por hasta €93 000 millones de euros en productos estadounidenses como respuesta proporcional.
Los europeos podrían suspender o bloquear la aprobación del tratado comercial con EEUU alcanzado el 27 de julio de 2025 entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde se llevó a cabo una declaración conjunta marco que fijó un arancel general del 15% para la mayoría de las exportaciones de la UE hacia EEUU y compromisos de compra e inversión por parte del bloque europeo. La intención era evitar una guerra comercial con aranceles aún más elevados y estabilizar las relaciones comerciales transatlánticas.
Ese acuerdo fue un avance político y no está completamente implementado o ratificado jurídicamente, ya que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y procedimientos normativos internos para su plena entrada en vigor. En ese contexto, la amenaza de Trump y la tensión por Groenlandia han llevado a varios legisladores europeos a bloquear o posponer la aprobación final del acuerdo.
Se convocó una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo para elaborar una postura común.
En respuesta a la última amenaza, los ministros de Finanzas de Alemania y Francia, guardianes de las mayores economías del bloque, han salido públicamente a la palestra y han dicho que no permitirán que se utilice el chantaje económico para obligarles a cumplir las exigencias estadounidenses.
“El Instrumento Anticoerción (ICA), diseñado precisamente para estos casos, debe utilizarse ahora”, dijo el eurodiputado alemán Bernd Lange, quien preside la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, en una publicación en X.
Durante una conferencia de prensa organizada apresuradamente el lunes, el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que «una guerra comercial no beneficia a nadie».
“El uso de aranceles contra los aliados es completamente erróneo”, dijo Starmer.
“Las alianzas perduran porque se basan en el respeto y la colaboración, no en la presión”, dijo Starmer, y agregó que instó a Trump en una llamada el domingo a encontrar una solución “basada en la colaboración, los hechos y el respeto mutuo”.
“Mantendremos abierto el diálogo. Defenderemos el derecho internacional y utilizaremos toda la fuerza del gobierno, tanto en el país como en el extranjero, para proteger la seguridad, el nivel de vida y el futuro del pueblo británico”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que “ninguna intimidación o amenaza” influiría en la posición de su gobierno sobre Groenlandia.
“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto”, dijo Macron en las redes sociales.
“Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea”.
Por otro lado, las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia podrían dañar al dólar estadounidense, algo que advierte el analista de Commerzbank Thu Lan Nguyen. Señala que la medida podría tensar las relaciones con Europa, con el riesgo de sanciones y una reducción del comercio. En un escenario de conflicto, las empresas podrían evitar el uso del dólar, y la demanda europea de la moneda probablemente disminuiría, lo que amenazaría su estatus como moneda de reserva mundial.
Dinamarca ha descartado vender Groenlandia, y las encuestas de opinión sugieren que la gran mayoría de los 57.000 residentes de la isla no desean ser parte de EEUU.
El sábado, miles de manifestantes salieron a las calles de las ciudades danesas para protestar contra las amenazas de Trump, coreando “Groenlandia no está en venta” y sosteniendo pancartas con lemas como “Manos fuera de Groenlandia”.
🇺🇸🇬🇱🇩🇰 | AHORA: Enormes protestas esta tarde de sábado en Copenhague en contra de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia.
pic.twitter.com/pn2M4Ti6PK— Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 17, 2026
La Primer Ministra danesa, Mette Frederiksen, expresó el domingo su agradecimiento por el “fuerte apoyo” ofrecido a su país.
“Queremos cooperar, y no somos nosotros quienes buscamos el conflicto. Y me complacen los mensajes constantes del resto del continente: Europa no se dejará chantajear”, declaró Frederiksen en redes sociales.
La carta desquiciada de Trump
El fin de semana Trump también escribió una carta inusual, insólita, al Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que cita la decisión del Comité Nobel de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz como la principal razón para querer adquirir Groenlandia de Dinamarca. Según PBS News, personal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de EEUU remitió la carta a varios embajadores europeos en Washington, cuyo texto completo dice:
Estimado Embajador:
El Presidente Trump ha solicitado que el siguiente mensaje, compartido con el primer ministro Jonas Gahr Støre, se reenvíe a su [jefe de gobierno/estado designado]. Estimado Jonas: Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un «derecho de propiedad»?.
No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT.
Doctrina jurídica relevante
La situación de Groenlandia, como territorio autónomo del Reino de Dinamarca, activa tres principios centrales del Derecho Internacional Público: Autodeterminación, consentimiento soberano y prohibición de la coerción.
La doctrina es clara en que la autodeterminación no es válida si se ejerce bajo presión externa, incluso cuando esa presión no sea militar.
Antonio Cassese
El juez Cassese no solo hablaba en términos abstractos, sino precisamente de escenarios donde potencias influyen económicamente en decisiones territoriales:
“La autodeterminación es jurídicamente nula si el proceso que la genera está contaminado por coerción externa, directa o indirecta.”
(Self-Determination of Peoples, 1995)
Esto aplica de lleno cuando amenazas arancelarias o represalias económicas condicionan la “libre voluntad” de un territorio o del Estado del cual depende.
James Crawford (CIJ – uno de los mayores expertos en soberanía)
El juez y académico Crawford, en The Creation of States in International Law, sostiene:
“El consentimiento estatal es inválido cuando ha sido obtenido mediante presión significativa, ya sea militar, política o económica.”
Este criterio es clave porque no se necesita fuerza armada para viciar el consentimiento y la presión económica relevante basta para afectar la validez jurídica.
Corte Internacional de Justicia – Caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986)
La CIJ estableció un precedente fundamental:
“La intervención prohibida incluye métodos de coerción económica destinados a influir en decisiones soberanas.”
Este fallo es central porque rechaza explícitamente la idea de que solo la fuerza armada viola la soberanía. La coerción económica con fines políticos también puede constituir intervención ilícita.
El inglés Ian Brownlie (especialista en Derecho Internacional)
Brownlie es todavía más explícito cuando se trata de territorios dependientes:
“La presión ejercida sobre un Estado administrador para modificar el estatus de un territorio bajo su control puede constituir una forma indirecta de intervención prohibida.”
(Principles of Public International Law)
Aplicado a Groenlandia: Presionar a Dinamarca para alterar el destino político de un territorio autónomo.
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU
Aunque no es doctrina individual, es derecho declarativo fundamental, frecuentemente citado por la CIJ:
“Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado con el fin de obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.”
Esta resolución ata directamente la coerción económica con la invalidez del consentimiento soberano.
El profesor internacionalista Martti Koskenniemi (dimensión crítica)
Koskenniemi aporta el marco conceptual más moderno:
“Cuando el consentimiento se obtiene en un contexto de desigualdad estructural y presión material, deja de ser una expresión de voluntad y se convierte en una formalidad vacía.”
(From Apology to Utopia)
Esto es especialmente relevante en relaciones asimétricas como la de EEUU vs Dinamarca o EEUU vs un territorio autónomo como Groenlandia.
La Corte Suprema de EEUU retrasa su decisión sobre la política arancelaria de la administración Trump
Originalmente estaba programada para el 20 de enero a las 3:00 pm UTC. Según informes, no se ha proporcionado un nuevo cronograma sobre cuándo ocurrirá la decisión. Este aplazamiento introduce una mayor incertidumbre respecto a los impactos económicos y de mercado asociados con los aranceles.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha expresado confianza en que es poco probable que la Corte Suprema anule las políticas económicas claves implementadas bajo el Presidente Donald Trump.
Existen varias razones jurídicas y constitucionales fundamentales vinculadas con el alcance de la autoridad ejecutiva para imponer impuestos y tarifas sin autorización clara del Congreso. El caso en cuestión —que combina múltiples recursos como Learning Resources v. Trump y V.O.S. Selections, Inc. v. Trump— se centra en si Trump tenía o no la autoridad para aplicar aranceles generales mediante decretos presidenciales bajo una ley de emergencia de 1977.
El núcleo del caso es este: ¿Tenía el presidente autoridad legal, delegada por el Congreso, para imponer esos aranceles?
Los motivos principales por los que la Corte podría fallar en contra de los aranceles aplicados al comienzo de la administración:
1. Violación de la separación de poderes constitucional
La Constitución de EEUU otorga al Congreso el poder exclusivo de imponer impuestos y aranceles (Art. I, Sección 8). Aunque el presidente puede regular el comercio internacional en ciertas circunstancias, el poder de gravar o imponer tarifas recae principalmente en el Legislativo.
Trump usó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para justificar aranceles masivos bajo la premisa de una “emergencia nacional”. Sin embargo, esa ley no menciona explícitamente la autoridad para establecer aranceles, y muchos jueces consideran que no concedió al presidente una delegación clara del poder de gravar.
2. El caso involucra una “cuestión importante” de política económica
Los tribunales inferiores han sostenido que estas tarifas no son un poder regulatorio limitado, sino una política económica extensa y de gran impacto, que tradicionalmente requiere una autorización clara del Congreso. Esto se conoce como la doctrina de la “major question” (major questions doctrine): si una política tiene efectos económicos o políticos de gran alcance, el Congreso debe haber otorgado explicitamente la autoridad para hacerlo.
3. La emergencia declarada por Trump no cumple con el estándar legal
El argumento principal de la administración de Trump fue que el comercio y los déficits comerciales constituían una “emergencia nacional”.
Sin embargo, tribunales inferiores señalaron que esas condiciones no constituyen una emergencia económica legítima bajo IEEPA, y que la ley nunca fue diseñada para justificar aranceles a gran escala sobre la base de déficits comerciales u otros criterios amplios.
4. Juicios previos han encontrado ilegalidad en los aranceles
Tribunales federales como el Tribunal de Comercio Internacional y el Tribunal de Apelaciones ya han dictaminado que estos aranceles exceden la autoridad presidencial bajo IEEPA y violan la ley federal, aunque esos fallos han quedado temporalmente en suspenso mientras se apela ante la Corte Suprema.
Por ejemplo, un tribunal de apelaciones encontró que la mayoría de los aranceles fueron impugnados con éxito porque estaban “fuera del marco legal establecido para emergencias nacionales” y que la IEEPA no permite expresamente la imposición de gravámenes arancelarios de esta magnitud.
5. Implicancias económicas y dudas judiciales
El caso no solo tiene consecuencias constitucionales, sino económicas muy amplias (posibles devoluciones de miles de millones en aranceles cobrados, volatilidad financiera, y efectos en la política comercial global). Esta magnitud ha llevado a que algunos magistrados y analistas señalen que la Corte debe aplicar exigentes estándares legales antes de validar una autoridad tan expansiva al Ejecutivo.
Sólo el 17% de los comerciantes anticipan que las tarifas propuestas por Trump sobre Europa se implementarán completamente para el 1 de febrero, según NS3.AI. Este sentimiento se alinea con la estrategia ‘TACO’, sugiriendo que los inversores esperan que Trump retire sus amenazas arancelarias. Expertos de Deutsche Bank y UBS observan que, aunque el mercado se está preparando para una posible volatilidad, continúa respondiendo de manera racional a las tensiones comerciales en curso.
