Según borradores conocidos por medios estadounidenses, la Casa Blanca evalúa incorporar empresas privadas y firmas especializadas en ciberseguridad para participar en operaciones cibernéticas ofensivas contra adversarios extranjeros, incluidos actores estatales y redes criminales transnacionales.
El plan, que aún se encuentra en fase de discusión interna, sería publicado oficialmente por la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad (Office of the National Cyber Director) en las próximas semanas. De concretarse, supondría una ruptura con el esquema tradicional, en el cual las operaciones ofensivas en el ciberespacio han sido exclusividad de agencias estatales como la NSA, el FBI o el Comando Cibernético del Departamento de Defensa.
Desde la óptica de la administración Trump, el involucramiento del sector privado responde a una limitación de capacidades estatales frente al volumen y complejidad de las amenazas digitales actuales. El documento sostiene que las agencias federales no cuentan con recursos suficientes para enfrentar simultáneamente ataques de Estados hostiles, grupos criminales organizados y actores híbridos que operan desde el extranjero con altos niveles de sofisticación técnica.
Otro de los objetivos centrales sería liberar recursos gubernamentales para que las agencias de inteligencia se concentren en amenazas consideradas críticas para la seguridad nacional, mientras que las empresas privadas asumirían parte del esfuerzo ofensivo bajo algún tipo de coordinación o supervisión estatal. En este marco, la estrategia busca también reforzar la capacidad de disuasión, enviando la señal de que Estados Unidos responderá de manera más agresiva ante ataques contra su infraestructura digital.
Sin embargo, el plan enfrenta importantes obstáculos legales y políticos. Actualmente, no existe un marco jurídico claro que autorice a empresas privadas a ejecutar ciberataques ofensivos contra objetivos extranjeros, lo que podría obligar al Congreso a debatir nuevas leyes o modificaciones sustanciales al derecho vigente. Expertos en derecho internacional advierten que este vacío legal expone a Estados Unidos a controversias diplomáticas y posibles violaciones del derecho internacional.
Las críticas también se centran en el riesgo de una privatización de la guerra digital. Analistas señalan que delegar funciones ofensivas a compañías con fines de lucro podría diluir la responsabilidad política y ética, además de generar conflictos de interés difíciles de controlar. A esto se suma el peligro de que las firmas involucradas se conviertan en blancos directos de represalias cibernéticas por parte de servicios de inteligencia extranjeros o grupos hackers patrocinados por Estados.
La Casa Blanca, por el momento, no ha realizado comentarios oficiales, argumentando que el documento aún no está finalizado. No obstante, el debate se inscribe en un contexto internacional marcado por el aumento sostenido de ataques cibernéticos patrocinados por Estados, la militarización del ciberespacio y la ausencia de reglas globales claras para este tipo de confrontaciones.
En síntesis, la iniciativa de la administración Trump apunta a expandir el arsenal cibernético estadounidense mediante la colaboración con el sector privado, pero abre un escenario cargado de incertidumbres legales, estratégicas y geopolíticas, que podría redefinir los límites entre defensa nacional, empresa privada y guerra digital en el siglo XXI.
