La posibilidad de que la UE avance hacia la confiscación de activos rusos congelados —estimados en más de 200.000 millones de euros— ha abierto un interrogante central: ¿podría Moscú responder cortando los últimos envíos de energía hacia Europa?
Desde Bruselas, la postura oficial se ha endurecido. La Comisión Europea sostiene que el bloque está “cerrando el grifo a los combustibles fósiles rusos de una vez y para siempre”, en el marco del plan REPowerEU, que busca eliminar completamente la dependencia energética de Rusia antes de 2027. Sin embargo, el proceso aún no está cerrado del todo y varios países europeos continúan recibiendo gas ruso por gasoducto y GNL, lo que mantiene abierta una ventana de vulnerabilidad.
Los activos rusos: del congelamiento a la confiscación
Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la UE, junto con EEUU y sus aliados, congeló activos del Banco Central de Rusia, en su mayoría custodiados en entidades financieras europeas como Euroclear. Hasta ahora, esos fondos permanecen inmovilizados, pero en los últimos meses ha cobrado fuerza la idea de utilizar los intereses generados —o incluso el capital— para financiar la reconstrucción de Ucrania.
Este punto marca una diferencia crucial: congelar no es lo mismo que confiscar. Mientras el congelamiento es una medida reversible, la confiscación implica un precedente extremadamente sensible en derecho internacional, ya que afecta directamente a activos soberanos de un Estado. Moscú ha advertido que cualquier paso en esa dirección será considerado un acto hostil, con “consecuencias severas”.
La energía como arma geopolítica
Rusia no oculta que la energía ha sido históricamente una de sus principales herramientas de presión sobre Europa. Antes de 2022, cerca del 45 % del gas europeo provenía de Rusia. Aunque ese porcentaje se redujo drásticamente, aún existen flujos residuales, especialmente hacia países de Europa Central.
En este contexto, un corte total o parcial del suministro aparece como una represalia posible si la UE cruza la línea de la confiscación. Moscú ya ha demostrado en el pasado que puede reducir volúmenes, suspender contratos o alegar problemas técnicos para justificar interrupciones, generando impactos inmediatos en precios y mercados.
No obstante, un corte energético no sería una decisión sin costos para el Kremlin. Los ingresos por hidrocarburos siguen siendo vitales para la economía rusa, y perder definitivamente el mercado europeo aceleraría su dependencia de Asia, en condiciones comerciales menos favorables y con infraestructura aún limitada.
Europa: menos dependiente, pero no inmune
Desde Bruselas se insiste en que la UE está hoy mucho mejor preparada que en 2022 para enfrentar un eventual corte. El aumento de importaciones de GNL desde Estados Unidos y Qatar, la mayor participación de Noruega, el impulso a las energías renovables y la reducción del consumo han cambiado el panorama.
Sin embargo, el riesgo no es uniforme. Países como Hungría, Eslovaquia o Austria siguen siendo más dependientes del gas ruso y han expresado abiertamente su rechazo a una ruptura abrupta. Hungría, en particular, ha amenazado con impugnar legalmente cualquier normativa europea que obligue a cortar los suministros antes de garantizar alternativas seguras.
Escalada controlada o punto de no retorno
La gran incógnita es si la UE avanzará efectivamente desde el uso de los intereses de los activos congelados hacia la confiscación directa del capital. Muchos juristas advierten que esto podría debilitar la confianza global en los sistemas financieros occidentales, mientras otros sostienen que la magnitud de la agresión rusa justifica una respuesta excepcional.
Para Rusia, un corte energético sería una señal de fuerza, pero también una admisión de ruptura definitiva con Europa. Para la UE, confiscar activos rusos sería un paso histórico que redefiniría las reglas del orden económico internacional posterior a la Guerra Fría.
