Esta decisión rompe con el esquema tradicional, que requería unanimidad para prorrogar las sanciones cada seis meses, dando lugar a tensiones internas y generando advertencias directas de Rusia.
Hasta ahora, los fondos rusos bloqueados, que incluyen activos del Banco Central ruso, solo podían mantenerse bajo sanciones renovables cada seis meses mediante consenso unánime de los 27 Estados miembros. Esto permitía que países como Hungría y Eslovaquia ejercieran veto sobre la prórroga, lo que a veces complicaba la política europea hacia la guerra en Ucrania.
El 12 de diciembre, los Estados miembros aprobaron usar una cláusula de emergencia del Artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Aunque este artículo no es nuevo —existe desde antes del Tratado de Lisboa y se ha utilizado en crisis económicas, energéticas o pandemias—, su aplicación para inmovilizar activos de un país extranjero y destinarlos potencialmente a financiar a un tercer país en guerra es inédita.
La cláusula permite que decisiones de esta naturaleza se adopten por mayoría cualificada, eliminando la necesidad de unanimidad y reduciendo el riesgo de que un solo país bloquee medidas consideradas estratégicas para la UE.
La cumbre de diciembre y el destino de los fondos
Los días 18 y 19 de diciembre se celebrará la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, en la que los líderes de la UE deberán concretar el uso de estos activos para apoyar a Ucrania. La propuesta contempla convertir los activos rusos congelados en una especie de préstamo garantizado, destinado a financiar gastos militares y civiles de Ucrania durante los próximos años.
Este planteamiento, de concretarse, sería histórico: jamás antes se había destinado oficialmente el dinero de un país sancionado para respaldar a un tercer país en guerra, creando un precedente legal y financiero de gran envergadura.
Reacciones internacionales y polémica interna
La decisión ha generado tensiones dentro de la UE. Hungría criticó la medida, afirmando que el uso del Artículo 122 para este propósito constituye un abuso del tratado y pone en riesgo el Estado de derecho europeo. Por su parte, otros países argumentan que la medida es legal y necesaria para garantizar la estabilidad y efectividad de la política de sanciones, evitando que vetos individuales comprometan la estrategia hacia Rusia.
Rusia, por su parte, ha reaccionado con fuertes advertencias, indicando que aplicará acciones legales y “otros medios” si se usan sus activos para financiar a Ucrania. El alcance de estos “otros medios” es deliberadamente ambiguo, y expertos internacionales especulan que podrían incluir represalias económicas, políticas, diplomáticas o incluso cibernéticas.
El Banco Central de Rusia también declaró el 12 de diciembre que los planes de la UE para usar sus activos congelados son ilegales y contrarios al derecho internacional, porque violarían principios como la inmunidad soberana de los activos. En un comunicado oficial indicó que desafiará la propuesta en tribunales nacionales, tribunales de otros países, organizaciones internacionales y tribunales arbitrales, y que intentará hacer cumplir decisiones judiciales donde sea posible.
Ese mismo día, el Banco Central inició una demanda en un tribunal comercial de Moscú contra Euroclear (la entidad belga que custodia la mayoría de los activos rusos) por “obstaculizar el acceso” a los fondos. Moscú también advirtió de posibles medidas adicionales y acciones legales en múltiples jurisdicciones si se siguen adelante los planes europeos.
Días atrás, Dmitri Medvédev, vice-presidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ex presidente del país, ha hecho declaraciones públicas muy duras sobre el plan de la Unión Europea para usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.
Medvédev ha advertido que si la UE intenta “robar” o usar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, Rusia podría considerarlo un casus belli —es decir, una causa legítima de guerra— con “todas las consecuencias que eso implicaría” para Bruselas y los Estados miembros implicados.
La decisión de la UE no solo redefine la manera en que se pueden gestionar sanciones económicas de gran escala, sino que también plantea preguntas sobre la legalidad y la seguridad internacional. Mientras Bruselas argumenta que la cláusula de emergencia del Artículo 122 permite este tipo de medidas en casos de “graves dificultades económicas”, Rusia ya ha adelantado que llevará el caso a tribunales internacionales, lo que podría derivar en años de litigio y tensiones diplomáticas.
Si el plan se concreta durante la cumbre de diciembre, el bloque europeo estaría marcando un hito histórico en política internacional, usando los activos de un agresor para sostener financieramente a un país agredido y fortaleciendo, a la vez, su política de sanciones frente a conflictos externos.
Peligrosa tensión en aumento
La decisión europea también abre un frente de tensión geopolítica sin precedentes, ya que para Rusia el uso de sus activos congelados no es un simple instrumento financiero, sino una agresión estratégica de alto nivel. Moscú considera que la Unión Europea está transformando un recurso económico —teóricamente congelado de manera temporal— en un mecanismo de presión vinculado directamente al desenlace militar del conflicto. Esto implica, desde la perspectiva rusa, que Bruselas estaría utilizando la arquitectura legal europea como un arma para condicionar el futuro territorial, político y económico de Rusia.
El detalle más explosivo es que la UE plantea que los activos solo serían restituidos como parte de un eventual acuerdo de reparaciones de guerra, algo que únicamente ocurriría si Rusia fuese derrotada o aceptara condiciones extremadamente desfavorables. En Moscú esto se interpreta como una forma de expropiación indirecta, donde los fondos no solo se utilizarían para financiar la defensa ucraniana, sino que además quedarían retenidos como garantía de un castigo post-conflicto. El efecto político interno en Rusia es profundo: el mensaje que reciben sus élites es que Occidente apuesta a una derrota estratégica de Moscú, y no solo a la contención del conflicto.
Este clima se agrava por las recientes declaraciones de líderes europeos y de la OTAN. En los últimos días, el primer ministro neerlandés Mark Rutte afirmó que Europa debe prepararse para un escenario de guerra total contra Rusia, comparable al que vivieron “nuestros abuelos y bisabuelos”. Para Moscú, que ya percibe el uso de sus activos como un ataque a su soberanía económica, estas advertencias militares constituyen una confirmación de que Occidente está elevando la confrontación a niveles de largo plazo, combinando sanciones económicas estructurales con preparación militar explícita. El resultado es una espiral de desconfianza y riesgo de escalada que desdibuja los límites entre medidas financieras, represalias políticas y potenciales respuestas militares.
La conclusión en círculos diplomáticos es clara: la maniobra europea no solo desafía los marcos jurídicos tradicionales, sino que empuja la relación entre la UE y Rusia hacia un punto de fricción histórica, donde decisiones económicas pueden detonar efectos estratégicos impredecibles. Con la guerra en Ucrania todavía activa y sin señales de negociación, cualquier movimiento que Moscú interprete como una amenaza existencial podría desencadenar respuestas contundentes —ya sea en tribunales internacionales, en el ámbito energético o incluso en el terreno militar— profundizando aún más el conflicto.
La Convención de la ONU sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes (2004), aunque no está en vigor universalmente, refleja derecho consuetudinario en su artículo 21, al establecer que «Los bienes de un banco central u otra autoridad monetaria de un Estado gozan de inmunidad frente a toda medida de coerción». Esto incluye reservas internacionales, depósitos, valores.
No existe un precedente de confiscación del capital del banco central de una gran potencia nuclear, no derrotada, con la que no hay guerra declarada. Por eso muchos juristas occidentales advierten que “Cruzar esa línea reconfigura el orden financiero global”.
La guerra entra en una fase “existencial” para ambas partes.
