En un inesperado viraje de la política exterior estadounidense, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este viernes las sanciones que había impuesto en julio pasado al magistrado brasileño Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, así como a su esposa y a la organización legal que ella lidera, la Lex Institute.
La decisión, comunicada oficialmente mediante la actualización de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marca un cambio de rumbo en una disputa diplomática que había tensado las relaciones entre Brasil y Estados Unidos durante buena parte de 2025.
¿Qué pasó antes? El origen de la disputa
La controversia comenzó cuando el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sancionó en julio de 2025 al juez Alexandre de Moraes bajo la Ley Global Magnitsky, un instrumento legal que permite castigar a individuos en el extranjero por supuestas violaciones graves de derechos humanos o corrupción.
Trump y altos funcionarios de su gobierno acusaron a Moraes de autorizar detenciones preventivas arbitrarias de seguidores o aliados del expresidente Jair Bolsonaro, suprimir la libertad de expresión y ejercer lo que calificaron como un “juicio político” contra Bolsonaro, y de participar, según Washington, en una campaña judicial “opresiva” que violaba derechos fundamentales.
La medida incluyó además la revocación de la visa de Moraes y restricciones a su esposa y su entorno cercano.
El contexto de esas sanciones fue un proceso judicial que se desarrolló en Brasil contra el expresidente Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo la supervisión de Moraes, Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por esos hechos.
Además, la tensión diplomática se amplió cuando Washington impuso aranceles elevadísimos (hasta 40–50%) a productos brasileños como carne, café y tomates, los cuales fueron vinculados directamente por la Casa Blanca a la situación política en Brasil.
El gobierno brasileño, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, criticó enérgicamente las sanciones desde el inicio. La cancillería brasileña las calificó como una “injerencia indebida en la soberanía judicial”, defendiendo que Brasil es “una democracia que se defendió exitosamente ante una intentona golpista”.
Moraes por su parte mantuvo una postura firme, afirmando que la independencia judicial brasileña no sería vulnerada por “presiones extranjeras”, y que el STF seguiría cumpliendo su papel constitucional.
¿Por qué se levantaron las sanciones ahora?
La eliminación de las sanciones se produce en medio de una mesa de negociación más amplia entre Brasil y Estados Unidos. Según fuentes diplomáticas, este cambio fue resultado de una reciente conversación telefónica entre Lula y Donald Trump, en la que el mandatario brasileño pidió directamente al estadounidense la retirada de las sanciones contra Moraes, un contexto de mejora en las relaciones bilaterales, que incluye la reducción o eliminación de aranceles punitivos sobre productos brasileños y esfuerzos conjuntos sobre temas de seguridad y cooperación.
La administración brasileña celebró la decisión como un triunfo de la “soberanía democrática”.
Aunque el Departamento del Tesoro no dio una explicación detallada sobre los motivos técnicos de la revocación, analistas señalan que la medida busca desactivar un conflicto diplomático que perjudicaba relaciones comerciales y estratégicas clave con Brasil, un país de enorme peso regional.
¿Qué significa esto para Bolsonaro y la política brasileña?
El contexto político en Brasil sigue siendo tenso. Jair Bolsonaro, líder de la derecha brasileña y antiguo aliado del ala conservadora estadounidense, fue condenado por intento de golpe de Estado y cumple prisión desde 2025, con una sentencia de más de 27 años.
A pesar de estar encarcelado, Bolsonaro mantiene influencia entre sectores conservadores y su familia, especialmente su hijo Eduardo Bolsonaro, ha sido activo en Washington y criticó con vehemencia la retirada de sanciones, interpretándola como una derrota de su causa.
En Brasil, sectores del Congreso y legisladores afines a Bolsonaro han intentado modificar legislaciones para reducir su pena, aunque esos esfuerzos enfrentan resistencia y deben pasar por múltiples instancias legales y constitucionales.
En política internacional “no hay amigos, hay intereses”, y Trump aplicó exactamente esa lógica.
¿Reducción de pena?
El Poder Legislativo brasileño está avanzando en una propuesta que, de aprobarse finalmente como ley, podría reducir drásticamente la pena de prisión de Jair Bolsonaro. Pero esto no significa que la pena esté automáticamente reducida: aún debe pasar por el Senado y el presidente Lula tiene la opción de vetarla.
La Cámara baja del Congreso brasileño aprobó un proyecto de ley que modifica cómo se calculan las penas para quienes fueron condenados por delitos vinculados al intento de golpe y otros actos antidemocráticos (como el asalto a los tres poderes del Estado en enero de 2023). La iniciativa fue votada con 291 votos a favor y 148 en contra.
El proyecto propone que esas penas no se sumen (como se hizo en la sentencia actual), sino que solo se aplique la pena más alta de entre los delitos imputados — eliminando la acumulación que infló la condena total a Bolsonaro, sentenciado a 27 años y 3 meses por una suma de delitos, incluidos intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático.
Según cálculos hechos por legisladores y analistas la pena total podría reducirse a unos 20 años y 9 meses según una lectura del proyecto.
Más aún, bajo otras interpretaciones del texto y con beneficios penales (como progresión de régimen o cálculos de trabajo/estudios), podría quedar en apenas 2 años y 4 meses en régimen cerrado.
Estos números son estimativos, porque dependerán de cómo interprete el STF (Supremo Tribunal Federal) la aplicación de la nueva ley, la posibilidad de que Bolsonaro acceda a beneficios penitenciarios, la sanción definitiva en el Senado y la firma del presidente.
Lula ha dicho que Bolsonaro “tiene que pagar” por sus actos y no descartó vetar la reducción de penas.
Sectores de la izquierda y de la sociedad civil están movilizándose en protestas contra la idea de reducir la pena de Bolsonaro, argumentando que sería una amnistía encubierta. Mientras que sectores conservadores y bolsonaristas ven la medida como un paso hacia la pacificación política y un alivio para el exmandatario.
