ATLANTA, GEORGIA - DECEMBER 4: Members of the CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) are seen during a meeting at CDC Headquarters on December 4, 2025 in Atlanta, Georgia. The ACIP is meeting to vote on changes to the childhood vaccination schedule and delay hepatitis B shots. (Photo by Elijah Nouvelage/Getty Images)
La medida, que aún debe ser aprobada por el director interino de los CDC, Jim O’Neill, abre un debate profundo sobre cómo equilibrar precaución, libertad de decisión y protección de la salud pública.
La resolución implica que la dosis al nacer ya no será considerada una obligación del calendario universal, sino una vacunación dirigida a casos concretos: se aplicará a todos los bebés cuyas madres tengan hepatitis B o cuyo estatus serológico no haya podido determinarse durante el embarazo. Para los recién nacidos de madres sanas y con pruebas negativas, la decisión quedará en manos de los padres y del médico tratante, con la posibilidad de posponer la inmunización hasta los dos meses de vida.
Aunque la política derogada ha sido ampliamente reconocida por su papel en la drástica reducción de infecciones infantiles de hepatitis B en las últimas tres décadas, la votación refleja una tendencia creciente dentro del organismo a replantear prácticas consideradas automáticas. Parte del panel —renovado recientemente bajo la administración de Robert F. Kennedy Jr.— argumentó que la medicina preventiva debe priorizar la identificación precisa de riesgos y evitar intervenciones innecesarias cuando existe capacidad de evaluar adecuadamente a cada madre durante el embarazo.
Entre los argumentos favorables a la modificación se destacó que la política universal surgió en un contexto en el que los controles prenatales eran menos sistemáticos y la transmisión perinatal representaba un riesgo más difícil de mitigar. Hoy, con pruebas más accesibles y un diagnóstico materno casi rutinario, algunos expertos consideran que aplicar la vacuna automáticamente a todos los recién nacidos “ya no responde al estado actual de la ciencia”, según plantearon miembros del comité durante la deliberación.
Críticos de la medida —incluyendo asociaciones pediátricas y hepatólogos vinculados a organizaciones como la American Academy of Pediatrics— advirtieron que el cambio podría generar confusión en hospitales y consultorios, aumentando las probabilidades de que algunos bebés en riesgo no reciban la dosis a tiempo. También alertaron que un sistema basado en la elección individual podría conducir a una caída progresiva en las coberturas de vacunación.
Composición del panel que votó el cambio en la recomendación
La votación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), órgano técnico que asesora a los Centers for Disease Control and Prevention, estuvo a cargo de un panel renovado en junio de 2025 tras la reestructuración impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.. La administración reemplazó a los 17 miembros anteriores y conformó un grupo heterogéneo compuesto por médicos, especialistas en salud pública, investigadores y profesionales de áreas conexas. La decisión de este nuevo cuerpo consultivo —conformado por perfiles que en algunos casos se alejan de la tradición histórica del comité— fue determinante para alcanzar el resultado final de 8 votos a favor y 3 en contra.
Entre los integrantes del ACIP que participaron en la votación se encuentra su presidente, el pediatra-cardiólogo Kirk Milhoan, quien respaldó la revisión de la recomendación universal. A él se sumaron figuras como Retsef Levi, especialista en analítica y gestión sanitaria; la farmacéutica Hillary Blackburn; la epidemióloga Catherine M. Stein; el cirujano Raymond Pollak; y la obstetra-ginecóloga Evelyn Griffin —todos ellos incorporados durante la renovación de 2025. También formó parte del bloque favorable el médico e investigador Robert W. Malone, cuya presencia dentro del comité generó debates públicos por sus posiciones previas respecto a otras vacunas, principalmente la de COVID-19.
En contraste, entre quienes votaron en contra se destacaron profesionales con larga experiencia en inmunización pediátrica, como el infectólogo H. Cody Meissner, quien ya había integrado el ACIP en ciclos anteriores, y el investigador Joseph R. Hibbeln, especialista en neurociencias clínicas. Ambos expresaron preocupación por el posible impacto del cambio sobre los protocolos hospitalarios y alertaron que la retirada de la recomendación universal podría generar inconsistencias en la aplicación de la primera dosis.
El panel actual del ACIP refleja una composición marcadamente distinta a la de años anteriores. Mientras que históricamente el comité había estado conformado casi exclusivamente por expertos con extensa trayectoria en vacunas, inmunología e infectología pediátrica, la reestructuración de 2025 incorporó perfiles provenientes de áreas como la gestión operativa, la farmacia clínica y la cirugía de trasplantes. Este rediseño, defendido por la actual conducción como un intento por “ampliar perspectivas”, fue interpretado por críticos como una señal de cambio de paradigma en la forma en que el gobierno de EEUU define sus políticas de inmunización.
Pese a las tensiones, los defensores de la decisión del ACIP insistieron en que la recomendación universal nunca tuvo la intención de convertirse en una transferencia automática de autoridad médica hacia el Estado, sino en una herramienta adaptada a una realidad epidemiológica particular. Bajo ese criterio, la actualización sería una forma de recuperar confianza pública, permitir mayor consenso entre profesionales y familias, y afianzar un modelo que priorice la información clara y las decisiones compartidas.
Ahora la resolución queda en manos del director interino de los CDC. Si la medida es confirmada, EEUU adoptará un enfoque más selectivo y basado en riesgo para la vacunación neonatal contra la hepatitis B, iniciando un nuevo capítulo en la relación entre ciencia, política sanitaria y autonomía familiar.
