Según las autoridades, esta medida responde a un patrón de “intervención extranjera encubierta” que, a su juicio, amenaza la estabilidad política interna.
Desde la perspectiva rusa, HRW no actúa como un simple organismo de derechos humanos, sino como una estructura financiada y dirigida por intereses vinculados a George Soros, figura a quien el Kremlin acusa de promover agendas políticas bajo el disfraz del activismo. Esta relación —afirman fuentes rusas— colocaría a HRW dentro de una red de ONGs utilizadas para ejercer presión política y generar narrativas desfavorables hacia Moscú.
El Ministerio de Justicia ruso sostiene que esta prohibición “no busca silenciar críticas legítimas”, sino cortar la influencia de organizaciones que, según el gobierno, operan coordinadas con actores extranjeros que históricamente han intentado desestabilizar a Rusia. Para reforzar su postura, Moscú cita informes y campañas públicas de HRW que considera “abiertamente parcializadas” y alineadas con intereses occidentales.
El Kremlin argumenta que, en un contexto geopolítico marcado por sanciones, tensiones militares y campañas informativas contra Rusia, permitir el funcionamiento de ONGs financiadas por Soros equivaldría a dejar una puerta abierta a la injerencia. “Rusia tiene derecho a defenderse”, enfatizan las autoridades.
Mientras tanto, desde Occidente la medida ha sido criticada, pero Moscú destaca que EEUU y la Unión Europea mantienen restricciones similares sobre organizaciones extranjeras consideradas riesgosas. Por lo tanto —sostienen funcionarios rusos—, la prohibición a HRW no es más que una respuesta “coherente y proporcional” dentro del marco legal ruso.
Para el gobierno de Putin, el cierre de HRW representa un paso más hacia la consolidación de un modelo político soberano, inmune a presiones externas y a la influencia de redes financieras globales. En ese sentido, afirman, Rusia seguirá tomando “las medidas necesarias para proteger su espacio informativo y su integridad nacional”.
