En realidad, el Escudo de la Democracia no es más que la última muestra de falta de libertad: reprimir la disidencia y controlar la libertad de expresión con el pretexto de defender la democracia de la injerencia extranjera y las noticias falsas.
La UE lo presenta como una iniciativa de la Comisión Europea para “blindar” a la Unión frente a amenazas a la democracia, especialmente desinformación, injerencia extranjera (“ataques híbridos”) y manipulación informativa. Se alinea con otras políticas de la UE: por ejemplo, vinculada con la Ley de Servicios Digitales (“Digital Services Act”) para que las plataformas colaboren para detectar y mitigar contenido manipulado.
Los críticos advierten que el objetivo no es «combatir la desinformación», como afirman, sino controlar el discurso en un momento en que las élites políticas europeas se enfrentan a niveles sin precedentes de desconfianza pública, centralizando el control sobre el flujo de información e imponiendo una única «verdad» definida por Bruselas. En resumen, la Comisión Europea está construyendo una maquinaria de censura a escala continental.
Está en el marco de las prioridades de la Comisión para 2024-2029, donde se ha comprometido a “proteger y defender la democracia” reforzando la “resiliencia democrática” de la sociedad.
Según la European Partnership for Democracy, el Escudo se organiza en cuatro ejes clave:
-Contrarrestar la desinformación y la manipulación extranjera de la información.
-Asegurar la integridad electoral: fortalecer los procesos democráticos, promover medios libres y pluralistas, y organismos de control.
-Desarrollar la resiliencia social: mayor alfabetización mediática, pensamiento crítico, participación ciudadana.
-Fomentar la participación ciudadana: involucrar a la sociedad civil, periodistas, fact-checkers, etc.
Una de las piezas centrales del escudo es la creación de un Centro Europeo de Monitoreo para coordinar la detección y respuesta a campañas de desinformación, que agruparía redes existentes de verificación de hechos (“fact-checkers”) y otras estructuras que ya operan para monitorear amenazas híbridas, lo que permitirá a Europa responder con mayor rapidez y eficacia a la manipulación informativa y las amenazas híbridas.
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, no ocultó el carácter antirruso de la iniciativa: «Estamos viendo campañas, incluso procedentes de Rusia, diseñadas específicamente para polarizar a nuestros ciudadanos, minar la confianza en nuestras instituciones y contaminar la política en nuestros países».
Es por ello que uno de los principales objetivos del escudo es contrarrestar la “Foreign Information Manipulation and Interference” (FIMI), que básicamente es cuando actores externos (estados, organizaciones) intentan influir en la opinión pública o en elecciones a través de desinformación, redes sociales, financiación encubierta, etc.
El término «independiente» aparece repetidamente en la nota de prensa de la UE. Se creará una nueva «red europea independiente de verificadores de datos» en todos los idiomas oficiales de la UE, mientras que el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), la principal red de verificación de datos de la UE, financiada con casi 30 millones de euros, obtendrá nuevas competencias analíticas «independientes» para supervisar elecciones y situaciones de crisis. Pero recordemos que, en Bruselas, la independencia se traduce en dependencia financiera de la Comisión. De hecho, para garantizar esta «independencia», la Comisión promete una financiación generosa a ONG y medios de comunicación «independientes».
Este escudo implicaría un protocolo de “crisis” para amenazas híbridas, en coordinación con grandes plataformas (Meta, Google, TikTok, X, etc.) que deben analizar riesgos específicos como deepfakes, IA generativa y desinformación durante procesos electorales.
Ya existen herramientas regulatorias: la DSA (Digital Services Act) y la Ley de Inteligencia Artificial de la UE pueden usarse para exigir transparencia y responsabilidad.
Algunas críticas (como desde la European Conservative) apuntan a que este mecanismo podría usarse para “censurar puntos de vista indeseados”, según quién defina qué es “desinformación” o “manipulación”.
El “poder centralizado” para identificar campañas de desinformación también puede ser problemático porque no está siempre claro quién decide qué es desinformación “maliciosa” y qué es un discurso legítimo pero crítico contra la UE o sus políticas.
La creación de un centro “tipo inteligencia” puede generar preocupación sobre vigilancia y control: podría implicar cooperación con servicios de inteligencia nacionales para compartir datos sobre amenazas informativas.
El uso de influencers y redes de verificación promovidas desde Bruselas podría tener sesgos, dependiendo de cómo se financien y gestionen. Algunas voces críticas ya lo señalan como una forma de “narrativa oficial” europea.
Así, la Comisión Europea lanzó una convocatoria por 5 millones de euros para fortalecer una red europea de verificadores (fact-checkers). Además, hay otro programa más grande (hasta €47 millones, según GFMD) para “fortalecer la capacidad y cobertura lingüística” de organizaciones de fact-checking, con formación, estructura técnica, sistemas de protección, etc.
Para asegurar que esos fact-checkers sean verdaderamente independientes, la financiación está condicionada a estándares desarrollados por la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). En un documento de la EFCSN se propone la creación de un “Information Integrity Fund” (Fondo de Integridad de Información) con una gobernanza robusta para asegurar que los fondos no corrompan la labor de verificación.
Pero si los fondos se canalizan hacia ciertos medios o organizaciones de fact-checking sin mecanismos adecuados, podría favorecerse a grupos con determinada visión política, lo que generaría una “distorsión democrática” en vez de combatirla y, peor aún, algunos verificadores podrían volverse dependientes del financiamiento de la UE, lo que podría crear un conflicto de intereses: ¿verificarán a actores cercanos al poder con la misma rigurosidad?.
¿Quién decide qué constituye «injerencia»? ¿Quién determina qué es «verdadero» y qué es «falso»? Las mismas instituciones y medios corporativos que se han dedicado repetidamente a sembrar el miedo y difundir desinformación. Hace apenas unas semanas, Ursula von der Leyen afirmó que el sistema GPS de su avión había sido interferido por Rusia, una acusación que los analistas desmintieron rápidamente. Mientras tanto, la BBC, a menudo considerada un ejemplo de integridad periodística, fue sorprendida recientemente editando imágenes de un discurso de Donald Trump para hacerlo parecer más extremista.
La Unión Europea ya opera un vasto aparato de propaganda y censura que abarca todos los niveles de la sociedad civil: ONG, centros de estudios, medios de comunicación e incluso el ámbito académico. La piedra angular de este sistema es una red de programas financiados por la UE —en particular CERV (Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores), Europa Creativa y la iniciativa Jean Monnet— que, en conjunto, canalizan miles de millones de euros hacia organizaciones que, en teoría, son «independientes», pero que en realidad están profundamente integradas en la maquinaria de Bruselas.
Solo a través del programa CERV —que cuenta con un presupuesto de casi 2.000 millones de euros para el período 2021-2027— más de 3.000 ONG han recibido financiación para llevar a cabo más de 1.000 proyectos. Oficialmente, estos fondos promueven los «valores europeos». En la práctica, financian el activismo progresista y pro-UE: ideología de género, multiculturalismo, antinacionalismo y la «lucha contra el euroescepticismo». Muchos proyectos están diseñados explícitamente para «aumentar la confianza en la UE» o «contrarrestar los discursos antieuropeos». Mientras tanto, las ONG de Europa Central y Oriental reciben una generosa financiación para «combatir los discursos autocráticos» y «desafiar el euroescepticismo», a menudo dirigidas directamente a los gobiernos de Polonia (bajo el anterior gobierno) o Hungría; estrategias de influencia externa similares a las históricamente asociadas con agencias como USAID.
La maquinaria propagandística de la UE se extiende también al ámbito académico. Mediante el programa Jean Monnet, la Comisión destina unos 25 millones de euros anuales a universidades e institutos de investigación de todo el mundo, financiando más de 1.500 cátedras Jean Monnet en 700 instituciones. El objetivo no es fomentar la investigación independiente, sino integrar la ideología pro-UE en la educación superior. Los documentos oficiales establecen explícitamente que se espera que los beneficiarios actúen como «embajadores de la Unión Europea» y «agentes de divulgación», interactuando con los medios de comunicación y las ONG. La academia se ha transformado, en la práctica, en un instrumento ideológico.
La ley de servicios digitales y el nuevo protocolo podrían dar más poder a las plataformas para moderar contenido en momentos de crisis, lo que podría suponer una presión adicional sobre la libertad de expresión si no se regula con cuidado el umbral de intervención.
¿Es la narrativa europea la única verdad? En Bruselas hay quienes están preocupados. «El presidente de la Comisión no tiene autoridad para calificar qué son noticias falsas y qué no», afirman Gaetano Pedullà y Danilo Della Valle, eurodiputados del Movimiento 5 Estrellas, quienes consideran «sumamente peligroso» este Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, percibido como un auténtico Ministerio Europeo de la Verdad. Incluso antes de que surja el centro europeo para el control del discurso, Sandro Gozi, miembro de los Liberales Europeos (RE), sugiere abordar el tema de X, la red social propiedad de Elon Musk, donde, según denuncia, existe una «manipulación algorítmica disfrazada de neutralidad», una forma de operar que «está transformando X en una máquina del caos que altera el debate democrático».
Nathalie Loiseau, también liberal y presidenta de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, opina de forma distinta: «Creo que esta comunicación es un primer paso positivo y necesario hacia una Unión democráticamente capaz» frente a las amenazas externas. «Ahora más que nunca, la Unión Europea debe afrontar los crecientes desafíos que la injerencia malintencionada plantea a los procesos democráticos». Lo que parece hacer más bien una referencia a las acusaciones de interferencia contra Rusia.
Rumanía es un caso muy ilustrativo y que es prácticamente uno de los motores centrales de la creación del Escudo Democrático: hubo acusaciones concretas de interferencia rusa en sus elecciones presidenciales, donde se reportó una “campaña de ataques híbridos rusos” que favorecía a un candidato ultranacionalista prorruso, Călin Georgescu.
Debido a esos informes y documentos desclasificados, allí sí actuó el Tribunal Constitucional rumano anulando la primera vuelta electoral y, además, la UE intervino directamente: por ejemplo, ordenó a TikTok congelar datos relacionados con las elecciones rumanas para preservar evidencia. En su reporte anual de apoyo a la democracia, la European Democracy Support destaca justamente la “clara interferencia externa en las elecciones rumanas” como un factor que enfatiza la necesidad del escudo.
