En una decisión que ha despertado fuertes controversias, el Reino Unido anunció el 21 de octubre de 2025 que eliminaba oficialmente a Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) de su lista de organizaciones terroristas proscritas, siguiendo los pasos de Estados Unidos, que había hecho lo mismo el 7 de julio de este año.
La medida llega tras un giro geopolítico mayor: la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ocurrida en diciembre de 2024, y el posterior ascenso de HTS como actor dominante en el norte del país. Los gobiernos occidentales justifican el cambio alegando “una reevaluación de la situación sobre el terreno” y la necesidad de “comprometerse con las nuevas autoridades sirias” para mantener la estabilidad regional.
Para el Reino Unido, la decisión se presentó como parte de su “respuesta a los desarrollos significativos en Siria” tras la caída del régimen de Assad, y con vistas a “una mayor implicación” con el nuevo gobierno sirio.
Para EEUU, la revocación de la designación en julio se inscribe dentro de una revisión más amplia de su política hacia Siria (por ejemplo, el levantamiento de ciertas sanciones).
Desde un punto de vista legal y de seguridad, la des-prohibición implica que en el Reino Unido ya no es un delito automático participar o apoyar a HTS por el mero hecho de que esté listado — aunque, obviamente, otras leyes y obligaciones de control de armas, financiación del terrorismo, etc., siguen vigentes.
Sin embargo, la decisión ha sido duramente cuestionada por analistas, organizaciones religiosas y defensores de derechos humanos, que la califican como una muestra flagrante de la hipocresía occidental.
De Al-Qaeda a socio político
Fundado en 2017 como una coalición de grupos islamistas encabezada por Abu Mohammad al-Julani, Hay’at Tahrir al-Sham surgió de las ruinas de Jabhat al-Nusra, el brazo sirio de Al-Qaeda. Aunque HTS intentó rebrandearse como un “movimiento nacionalista sirio” con una estructura más política que yihadista, su historial sigue manchado por ejecuciones sumarias, persecución de minorías religiosas, represión de periodistas y tribunales de la sharía que operan sin garantías legales.
Entre sus víctimas más documentadas se cuentan comunidades cristianas en Idlib y Alepo, así como poblaciones chiítas que fueron expulsadas o masacradas durante la guerra civil siria. Diversos informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch detallan que bajo el control de HTS se impusieron leyes discriminatorias, prohibiciones religiosas estrictas y confiscaciones de propiedades a cristianos, drusos y alauitas.
Occidente y la doble vara
El Departamento de Estado de EEUU justificó la revocación de la designación terrorista argumentando que HTS “ya no mantiene vínculos operativos con Al-Qaeda” y que “ha mostrado disposición a colaborar con la comunidad internacional en materia humanitaria”. En el Reino Unido, el Ministerio del Interior expresó que la decisión responde a “los cambios sustanciales en el liderazgo, los objetivos y la composición del grupo”.
Pero detrás de esta retórica diplomática, el cambio parece responder más a una lógica pragmática de poder que a una evaluación moral o jurídica. Analistas apuntan a que Occidente prefiere ahora un interlocutor sunita controlable que un vacío de poder susceptible de ser ocupado por Irán, Hezbolá o milicias chiítas respaldadas por Teherán.
“Lo que antes era terrorismo, hoy es geopolítica”, ironizó un diplomático europeo citado por The Guardian. “Cuando los intereses cambian, también lo hace la definición de enemigo.”
Silencio ante las víctimas
La revocación de la etiqueta terrorista supone también el levantamiento de sanciones financieras, la autorización de contactos diplomáticos y la posible apertura de canales de ayuda internacional administrados por estructuras ligadas a HTS. Todo esto mientras familias cristianas desplazadas de Maaloula y Hama continúan sin poder regresar a sus hogares, y mientras líderes religiosos sirios denuncian que el nuevo gobierno de facto mantiene restricciones a la libertad de culto.
La hipocresía occidental, señalan algunos críticos, no radica solo en la decisión técnica de “deslistar” a una organización, sino en el mensaje implícito que envía: que los derechos humanos son negociables cuando los equilibrios regionales lo exigen.
Una victoria política con costo moral
HTS busca ahora legitimarse como el “nuevo gobierno de Siria” y ha iniciado contactos discretos con representantes de Turquía, Catar y EEUU. Su líder, Abu Mohammad al-Julani, apareció recientemente en entrevistas con cadenas occidentales vestido con traje civil, sin barba y hablando de “democracia islámica” y “pluralismo nacional”.
Pero detrás de esta imagen moderada persiste el recuerdo de su pasado como comandante de una organización responsable de decenas de atentados, persecuciones religiosas y alianzas tácticas con grupos salafistas extranjeros.
Con esta medida, Londres y Washington parecen dispuestos a rehabilitar a un antiguo enemigo en nombre de la estabilidad. El precio, sin embargo, podría ser la credibilidad moral de Occidente, que vuelve a demostrar que los principios universales de derechos humanos y justicia solo se aplican cuando conviene.
