Xi Jinping instruyó al poder político chino (en particular al pleno del Buró Político del PCCh) el 29 de septiembre de 2025, a que las religiones reconocidas oficialmente se adapten completamente a la “sociedad socialista con características chinas”, y que sus doctrinas, rituales, normas de conducta y costumbres resulten “eco de las características chinas” para servir la “armonía social, la estabilidad nacional y el patriotismo”[1].
A pesar de que la medida oficialmente se dirige a las cinco religiones reconocidas (budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo), de hecho, se está aplicando por medio de represión, vigilancia y tortura hacia quienes se resisten o pertenecen a la llamada “Iglesia subterránea”. Como ejemplo se halla que, “en febrero de 2024, fue condenado a una cuantiosa multa por celebrar una misa en público. En marzo de 2024, fue detenido durante una semana por negarse a pagar la multa y, posteriormente, arrestado antes de la Semana Santa para impedirle influir sobre los fieles. En julio de 2024, las autoridades intentaron obligarlo a someterse al control de la Asociación Patriótica Católica China, dependiente del PCCh, amenazando y deteniendo a religiosos y laicos. Se desconoce el paradero de muchos católicos de la Iglesia clandestina, entre ellos obispos. La renovación en 2024 del acuerdo entre la Santa Sede y China para el nombramiento de obispos no ha cambiado en nada las medidas de control”[2].
La sinización religiosa ya no es simplemente una política de integración cultural sino un instrumento privilegiado del totalitarismo para quebrar toda forma de resistencia y plantea para la Iglesia católica un dilema existencial; se elige ahora el acomodar doctrinas y estructuras bajo control estatal o mantenerse fiel a Roma, aunque ello suponga persecución.
Al abordar este escenario, conviene relevar otro elemento que son los llamados acuerdos secretos o provisionales entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos, que fomentan grandes interrogantes. En septiembre de 2018, la Santa Sede y el gobierno chino firmaron un “acuerdo provisional”[3] (oficialmente sobre el nombramiento de obispos) cuyo texto nunca ha sido publicado. Según diversas fuentes, este pacto permite que el gobierno chino proponga candidatos a obispado y que el Papa tenga un derecho de veto, lo que significaría un compartimento de poder entre Beijing y Roma[4]. La renovación de ese pacto (en 2020, 2022 y 2024) incide en la controversia ya que en octubre de 2024 se anunció su extensión por cuatro años. Para los más críticos, se legitima un control estatal sobre la Iglesia católica en China, que previamente había mantenido una “Iglesia subterránea” fiel a la Roma Eterna. También se favorece la incorporación de obispos “aprobados por Beijing” y retiración de sanciones canónicas, sin que se haya garantizado mayor libertad religiosa para los fieles. Además, ocurre en paralelo a un crecimiento de la represión religiosa general en China, incluido el endurecimiento de la sinización, lo que plantea la pregunta respecto a cambio de qué se ha hecho este “acuerdo”. Por un lado, la Santa Sede defiende que esta vía permite mantener un canal de diálogo con Beijing y proteger los derechos de los católicos chinos. Por otro lado, se cuestiona que el precio pueda ser la pérdida de independencia para la Iglesia católica y, en algunos casos, el silencio público frente a la persecución religiosa[5].
El llamado de Xi Jinping a acelerar la sinización de las religiones sirve como telón de fondo para interpretar los efectos del acuerdo Vaticano-China. Si el gobierno chino exige que todas las religiones se adapten al socialismo y al liderazgo del PCCh, entonces la colaboración de la Santa Sede adquiere una dimensión más compleja porque estaría contribuyendo a legitimar el esquema estatal de religiosidad controlada. En efecto, si el gobierno chino tiene la facultad de proponer obispos y la Iglesia acepta sin hacer pública oposición o sin exigir reformas sustanciales en materia de libertad religiosa, parece existir un riesgo de que la Iglesia católica se convierta en cómplice de una estrategia de “sinización” forzada. El acuerdo incentiva (o al menos permite) que los obispos sean reconocidos por Beijing, lo cual puede llevar a que tengan que comprometerse con estructuras estatales que no garantizan la evangelización libre sino la subordinación al Estado. En ese sentido, mientras el pacto puede racionalizar relaciones diplomáticas, también puede debilitar el testimonio de la Iglesia en favor de los perseguidos y marginados.
[1] Fuente: https://www.catholicnewsagency.com/news/267201/religious-freedom-commission-lawmakers-advocates-discuss-severe-threats-to-religious-freedom-in-china
[2] Fuente: https://fsspx.news/es/news/el-presidente-chino-evoca-la-sinizacion-la-religion-54984
[3] Fuente: https://www.reuters.com/world/china-says-it-has-extended-agreement-with-vatican-bishops-2024-10-22/
[4] Fuente: https://www.hrw.org/news/2025/05/12/holy-see-review-vatican-china-agreement
[5] Fuente: https://www.ncregister.com/commentaries/weigel-scandal-of-vatican-china-policy
