¿Es demasiado pedirle a la Fiscal General de la nación que comprenda los fundamentos de la Primera Enmienda? Los progresistas llevan años intentando crear y definir una categoría llamada «discurso de odio». Esta incomprensión de la Primera Enmienda parece haberse infiltrado en el sistema de suministro de agua de Washington D. C., ya que la Fiscal General Pam Bondi la repitió el lunes tras el asesinato de Charlie Kirk.
Una afirmación de Pam Bondi reavivó una vieja controversia constitucional en EEUU: ¿existe una excepción a la libertad de expresión por “discurso de odio”?.
En declaraciones recientes, Bondi sostuvo que expresiones catalogadas como hate speech podrían ser procesadas legalmente por estar fuera del amparo de la Primera Enmienda. Sin embargo, juristas y especialistas en derecho constitucional señalan que la afirmación es inexacta y contradice de manera frontal lo que ha dicho la Corte Suprema durante décadas.
Attorney General Pam Bondi: «There’s free speech and then there’s hate speech, and there is no place, especially now, especially after what happened to Charlie, in our society…We will absolutely target you, go after you, if you are targeting anyone with hate speech.» pic.twitter.com/Bqj6TQOGwP
— The Bulwark (@BulwarkOnline) September 16, 2025
Al hablar sobre el trabajo de Kirk en los campus universitarios, la Bondi mencionó el «repugnante» antisemitismo que se manifiesta en muchas universidades. Pero un momento: «Existe la libertad de expresión y luego está el discurso de odio, y no tiene cabida, especialmente ahora, sobre todo después de lo que le pasó a Charlie, en nuestra sociedad», declaró la principal autoridad policial del país en un podcast, y luego fue más allá: «Sin duda, los perseguiremos, si atacan a alguien con discurso de odio».
La Primera Enmienda protege incluso expresiones ofensivas, racistas o antisemitas, salvo en casos muy puntuales: incitación a violencia inminente, amenazas directas (“true threats”), conspiración criminal, difamación o fraude.
Si alguien amenaza con violencia (“voy a atacar tu sinagoga mañana”), es un delito, aunque no use lenguaje de odio.
Si alguien dice algo antisemita, racista o cruel (“los judíos controlan el mundo”), sigue protegido, aunque sea considerado hate speech, siempre que no sea amenaza o incitación directa.
En el derecho estadounidense no existe una definición legal de “discurso de odio” como categoría separada, es decir como delito.
La Corte Suprema ha reafirmado este principio en fallos emblemáticos:
-Brandenburg v. Ohio (1969) y Virginia v. Black (2003): el discurso extremista está protegido si no incita a una acción ilegal inmediata. En EEUU, cualquier discurso (incluido el “de odio”) pierde protección si cruza la línea hacia una amenaza verdadera (true threat) o una incitación directa a la violencia inminente.
-R.A.V. v. St. Paul (1992): prohibir símbolos de odio como las cruces quemadas violaba la Primera Enmienda.
-Snyder v. Phelps (2011): incluso mensajes dolorosos en funerales estaban protegidos.
-Matal v. Tam (2017): el Estado no puede vetar expresiones ofensivas o despectivas.
En palabras de la propia Corte, “el hecho de que el discurso sea odioso o cause dolor no lo saca de la protección constitucional” y siempre se ha negado a crear esa excepción: consideran que términos como “odio” u “ofensivo” son demasiado vagos y subjetivos, y darían al Estado un poder de censura peligroso.
Cuando Bondi usa el término sin aclarar qué significa ni en qué contexto se podría castigar, cae en la misma ambigüedad que han usado otros políticos: suena bien a nivel retórico (“protegemos a la sociedad del odio”), pero no encaja con la tradición legal estadounidense, donde lo que cuenta es si el discurso: Incita a violencia inmediata, constituye una amenaza real, o entra en alguna de las categorías de delitos históricamente no protegidas (difamación, obscenidad, conspiración criminal, etc.).
En el plano técnico-legal, ella solo debería hablar de “amenazas” e “incitación a la violencia”. Pero al usar el término “hate speech”, deja abierta la posibilidad de que se intente regular o perseguir expresiones que en realidad están protegidas.
O tal vez el mismísimo Charlie Kirk le serviría de recordatorio:
Hate speech does not exist legally in America. There’s ugly speech. There’s gross speech. There’s evil speech.
And ALL of it is protected by the First Amendment.
Keep America free.
— Charlie Kirk (@charliekirk11) May 3, 2024
Lo llamativo es que la afirmación de Bondi no es aislada. Políticos de distinto signo han recurrido a la misma narrativa. Tim Walz, actual gobernador de Minnesota y figura demócrata, también sostuvo en el pasado que “el discurso de odio no es libertad de expresión”.
Ambas posturas reflejan un discurso más político que jurídico, que busca acercar a EEUU al modelo europeo o canadiense (donde sí existen leyes específicas contra el hate speech), pero que hasta ahora no tiene cabida en la doctrina constitucional estadounidense.
Los votantes republicanos, conservadores estallaron en furia en las redes sociales contra las palabras de Bondi al atacar su ‘sagrada’ Primera Enmienda, y hasta el mismo representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, le dedicó un twitt:
«El «discurso de odio» es un término usado por quienes ostentan el poder para describir pensamientos que no quieren que se expresen. Es contrario a la Primera Enmienda».
“Hate speech” is a term used by those in power to describe thoughts they don’t want spoken. It’s antithetical to the First Amendment. https://t.co/KjIihyt85t
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 16, 2025
Comentaristas conservadores como Matt Walsh, Erick Erickson, y opiniones en medios, señalaron que su idea de “ir tras el hate speech” desconoce que muchas expresiones ofensivas están protegidas por la Primera Enmienda
En el contexto estadounidense el concepto de hate speech como algo que debería estar limitado o sancionado ha sido históricamente promovido más por la izquierda progresista y sectores liberales, sobre todo en el ámbito académico, cultural y en políticas públicas.
Desde los años 80 y 90, muchas instituciones universitarias adoptaron speech codes para prohibir expresiones consideradas racistas, sexistas o homofóbicas. Casi siempre estas normas fueron impulsadas por administradores y movimientos estudiantiles de corte progresista. Varias terminaron invalidadas en tribunales. Mientras que también grupos ligados a causas antirracistas, feministas y LGBTQ+ han reclamado que el hate speech genera un “clima de violencia” y debería ser limitado y gran parte de la presión para que empresas como Twitter (ahora X), Facebook o YouTube moderen hate speech vino de sectores demócratas y ONG progresistas.
Hoy, aunque Trump se presenta como defensor de la “libertad de expresión” frente a la censura progresista, su gobierno de 2025 ha impulsado medidas que tensionan con la Primera Enmienda:
-Orden Ejecutiva 14188 contra el antisemitismo (enero 2025): instruye a agencias federales a explorar sanciones civiles y criminales contra expresiones consideradas antisemitas. Críticos advierten que la definición es tan amplia que podría incluir discurso académico o político.
-Revocación de visas por activismo universitario: senadores aliados, como Marco Rubio, defendieron la expulsión de estudiantes o residentes extranjeros que apoyen causas pro-Hamas. Organizaciones civiles señalan que esto podría castigar discurso político protegido.
-Restricciones internas al Departamento de Justicia: nuevas reglas limitan el uso de redes sociales por parte de funcionarios, generando críticas de que se trata de un “enfriamiento” del debate público.
Juristas coinciden en que estas políticas podrían derivar en litigios de alto perfil. Si los casos llegan a la Corte Suprema, lo previsible es que el Tribunal —incluso con su actual mayoría conservadora— reafirme que no existe una excepción general al discurso de odio en EE.UU.
En ese escenario, la administración Trump podría enfrentar el mismo dilema que gobiernos anteriores: hasta dónde puede regular expresiones ofensivas sin vulnerar la protección absoluta que la Constitución brinda a la libertad de expresión.
Tanto republicanos como demócratas han caído en la tentación de afirmar que el “discurso de odio” no es libertad de expresión. Pero la Corte Suprema ha sido clara: mientras no se cruce la línea de la incitación a la violencia o la amenaza directa, el hate speech está protegido.
